Sólo la ciudad de Alicante tiene protocolo para hospitalizar a los enfermos mentales

SYLVIA ESCRIBANO A
licante es el único municipio de la Comunidad Valenciana que dispone de un protocolo que coordina a Sanidad, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces y fiscales -entre otros agentes- para que intervengan cuando una persona con enfermedad mental sufre una crisis y sus familiares no pueden trasladarlo por sus medios al hospital. De esta forma, se evitan problemas para trasladar a los pacientes en contra de su voluntad, como el que los agentes policiales se opongan a intervenir si el afectado no comete ningún delito o a trasladarlo forzosamente sin una orden judicial, que puede demorarse. Ya en el hospital, el médico comunica a las autoridades judiciales el internamiento involuntario del afectado y su alta.
Así lo aseguran desde la Sindicatura de Greuges -encargada de arbitrar el procedimiento-, que también denuncia la falta de plazas en centros residenciales para los pacientes que lo precisen tras su estancia hospitalaria o después de recibir tratamiento ambulatorio. Además, fuentes de la institución muestran su indignación ante la exclusión que se hace en este tipo de centros públicos a los enfermos conflictivos.
Entre estos últimos se encontraría el joven con esquizofrenia de Altea acusado de agredir a su madre durante un brote psicótico inducido por el consumo de drogas. Su progenitora solicitó el miércoles -publicado ayer por este diario- el ingreso urgente de su hijo en un centro psiquiátrico porque teme por su vida. No entiende que se le diera el alta hospitalaria anteayer y volviera al domicilio, pese a que el médico indica en su informe que su tratamiento adecuado pasa por su ingreso en un centro 24 horas.
"Casos como éste son el pan nuestro de cada día, pero el problema es que en los centros residenciales que hay no se admite a los enfermos mentales que también tienen un problema de conducta, adicciones o una enfermedad infectocontagiosa. Y es que ni siquiera hay plazas suficientes para quienes no son conflictivos", afirman desde el Síndic.
Desde este organismo aseguran que "una gran mayoría de las quejas que recibimos sobre salud mental hacen referencia a casos parecidos". Por ello, "consideramos necesario que las consellerias de Sanidad y Bienestar Social creen centros residenciales en la Comunidad para albergar a los enfermos conflictivos, que son la minoría".
"La Generalitat se desentiende de estas personas y sólo cuando asume la tutela de un enfermo -bien porque han fallecido sus familiares o porque así lo ha determinado un juez- le subvenciona una plaza en un centro privado, ya que en los públicos no hay para los que tienen problemas de conducta".
Ante situaciones como la de Altea, "las familias no tienen salida". Esta madre ya ha puesto el asunto en manos de su abogado Ernest Armada, quien aseguró ayer que lo primero que hará es tramitar la incapacidad del joven y, después, solicitar su ingreso forzoso en un centro. Sin embargo, la Sindicatura se pregunta "dónde, porque el problema será encontrarlo si no hay".
Una persona con enfermedad mental puede permanecer en su domicilio bajo tratamiento, pero pueden tener crisis o brotes psicóticos que obligan a trasladarla al hospital. El problema llega cuando recibe el alta, porque "al no existir unidades de media estancia deben ir al domicilio y no está regulado el tratamiento involuntario ambulatorio". En otras palabras, "nadie controla que el enfermo se tome las medicinas o le fuerce a hacerlo cuando no quiere". Al respecto, el Síndic insiste en la necesidad de que "Sanidad, Bienestar Social y la Federación de Municipios se coordinan para establecer protocolos de actuación en la hospitalización de los casos urgentes -como el de Alicante- y el control posterior".

La falta de recursos deteriora la atención en la provincia

El presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Enfermos Mentales (Feafes);, José María Sánchez Monje, insistió ayer en que el mayor problema está en "la falta de recursos para dar un tratamiento adecuado de forma ambulatoria y garantizar un seguimiento". En su opinión, "no hay que ingresarlos de por vida, sino darles un tratamiento continuado y terapias válidas". Por su parte, el portavoz de CC OO y miembro de la Plataforma en Defensa de la Salud Mental, Salvador Roig, explica que "hay mucha lista de espera en residencias y no hay plazas para enfermos duales, ni tampoco unidades de media estancia para cuando un enfermo sale del hospital". La familia "tiene que hacerse cargo y al no estar atendido adecuadamente reae y vuelve a ingresar". Indignado critica que "la Generalitat esté tan preocupada por el problema del agua mientras las familias de personas con enfermedad mental se ahogan por falta de recursos sanitarios y sociales".