EFE
Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, en la rueda de prensa posterior al pleno semanal del Gobierno valenciano, que entre otros asuntos ha acordado solicitar a la Mesa de Les Corts que convoque un pleno extraordinario donde se debata sobre la situación hidrológica actual en la Comunitat y las últimas decisiones del Ejecutivo central.
El Gobierno de Murcia espera que más de 400 alcaldes de esta región, así como de las comunidades valenciana y andaluza, se sumen a la plataforma "Alcaldes por el agua", propuesta hoy por el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, para solicitar el mismo trato en materia hídrica que recibe Barcelona.
A esta iniciativa de Valcárcel se han sumado ya el president de la Generalitat, Francisco Camps, y el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas.
Rambla ha reiterado que aquellas iniciativas sociales que se convoquen para reclamar al Ejecutivo la llegada de más agua para la Comunitat tendrán "el respaldo de la mayor parte de la sociedad valenciana y de la Generalitat", que les ofrecerá un apoyo "explícito y claro" y cuyo límite, incluido el respaldo financiero, "se estudiará" para ver "hasta qué punto tiene que llegar".
Por otra parte, Rambla ha anunciado que el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha solicitado hoy por carta a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, una reunión tras la suspensión cautelar de la Ley valenciana de Régimen Económico Matrimonial adoptada por el Tribunal Constitucional en una medida que el Consell "no esperaba".
Según su portavoz, este recurso es "una clara afrenta" a la "capacidad de autogobierno" de la Comunitat, que "limita" al igual que "todas las opciones que permite el Estatuto de Autonomía" contempladas en la recuperación del Derecho civil valenciano.
"No entendemos" el recurso del Gobierno ni la medida adoptada por el TC, ha señalado el portavoz del Consell para insistir en que el Estatuto de Autonomía ha superado todas las aprobaciones legislativas posibles y ninguno de sus artículos ha sido declarado inconstitucional.
Por ello, el Ejecutivo valenciano le pide al central que "desista" de una reclamación que impide desarrollar en su totalidad la normativa estatutaria, y reitera que en cuanto se conozcan las razones y el origen de esa medida, los servicios jurídicos de la Generalitat "se pondrán a trabajar para que se presenten los recursos oportunos".
Por otra parte, ha asegurado que la reunión que mantendrán el próximo lunes Camps y su homóloga madrileña, Esperanza Aguirre, está planteada como una "cumbre" autonómica para abordar cuestiones comunes y no como un encuentro "de partido".
El pleno del Consell ha aprobado un protocolo adicional al contrato-programa por el cual el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF); destinará cuatro millones de euros a la patronal autonómica CIERVAL para desarrollar acciones formativas en materia de formación profesional ocupacional, así como un convenio con la Universitat de València -a la que aportará 52.520 euros- para la realización de estudios genéticos de cáncer colorrectal hereditario.
También se ha acordado recurrir por inconstitucional un artículo del Real Decreto que regula el Sistema Arbitral de Consumo; convenios de colaboración con el CSIC, la Universidad de Alicante y la Jaume I de Castellón para estudiar planes de mejora de la calidad del aire en la zona cerámica de Castellón y el área entre Alicante, San Vicente y Agost.
Asimismo, se ha aprobado destinar 1,3 millones de euros para la organización, conjunta con la Asociación E3 Futura, de la próxima Campus Party de Valencia.
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