El Consell pide una cumbre con los afectados para pactar el reparto del agua del Ebro

El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, reclamó ayer al Gobierno que impulse una cumbre con todos los colectivos implicados para pactar el reparto del agua del Ebro.

F. J. B. El conseller de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón, reclamó ayer al Gobierno que impulse una cumbre con todos los agentes implicados en el reparto del agua del Ebro -comunidades autónomas, usuarios y agricultores- para buscar un pacto que permita regular el trasvase. Antón envió un carta a la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, en la que le pidió una reunión en la que se pueda llegar a un pacto de Estado. Mientras, el Consell ha encargado a sus servicios jurídicos que busque una vía legal para reclamar al Ejecutivo un trasvase del Ebro como el que, por ejemplo, ha acordado con la Generalitat de Cataluña. De momento el Ejecutivo autonómico no se ha planteado sacar el problema a la calle, pero el Consell camina de la mano junto al Gobierno murciano a la hora de plantear movilizar a los ciudadanos.

Por su parte, el Gobierno de Aragón encargó también informes a sus abogados para que le aclaren si la ampliación del trasvase Ebro-Tarragona hacia Barcelona es jurídicamente un trasvase, ya que si fuera así los aragoneses reclaman las competencias que les da su estatuto para decidir sobre los caudales del río -artículos 19 y 72-, según apuntaron desde el Ejecutivo de Marcelino Iglesias que ayer, sorprendentemente, dijo entender el malestar que ha generado en la Comunidad Valenciana y Murcia el trasvase del Ebro a Barcelona.

El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, advirtió de que si Aragón determina que la transferencia de agua del Ebro a Barcelona no es un trasvase y no vulnera su Estatuto de Autonomía la Comunidad Valenciana podría recibir este agua "sin autorización del Gobierno aragonés". Para Rambla, "si no se trata de un trasvase, sería legítimo que llegara agua del Ebro a la Comunidad Valenciana".

El portavoz del Consell recalcó que este informe sentará precedente, y que si finalmente determina que el envío de agua a Barcelona no es jurídicamente un trasvase, "quedaría abierta la puerta a que todas las regiones con necesidad de agua pudieran recibir aportaciones". En su opinión, el "cinismo" del Ejecutivo central está obligando a los socialistas a negar la palabra trasvase y a vaciarla de su contenido real, "definido en la Real Academia de la Lengua".

En este sentido, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, anunció que "no sería ni mucho menos improbable" que decida, junto a Camps, "movilizar a la sociedad" de Murcia, la Comunidad Valenciana y a la de Almería para reclamar un agua que "es de España" y "nadie necesita". El alcalde de Murcia, Ángel Cámara, acordó ayer con sus homólogos de Alicante, Valencia, Castellón y Almería analizar la situación.

Por su parte, el grupo socialista de Murcia anunció ayer exigirá al Gobierno que se refuerce el Tajo-Segura con una transferencia de agua desde el Tajo Medio, como reacción al trasvase Ebro-Barcelona.

El acuerdo siguió suscitando ayer reacciones de todo tipo entre los partidos políticos. El diputado popular González Pons reclamó a la vicepresidenta De la Vega que devuelva su acta de diputada por Valencia si no se aprueba el trasvase. El portavoz del PSPV, Ángel Luna, insistió en que el trasvase a Barcelona es "una solución razonable".