EFE
Según la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Alicante, a la que ha tenido acceso EFE, el matrimonio cántabro pasó las Navidades de 2002 en Benidorm y acudió a presenciar en la plaza de la Hispanidad la cabalgata de Reyes del 5 de enero de 2003.
En un momento dado, una carcasa se dirigió hacia ellos y les provocó graves daños personales.
El hombre, Valentín Cendoya Fuente, obtuvo una declaración de incapacidad permanente total para su profesión habitual de patrón de pesca por las lesiones en el oído izquierdo y síndrome laberíntico con vértigos.
La mujer, María del Mar Fernández Gutiérrez, sufrió un traumatismo acústico agudo, quemaduras de primer y segundo grado en la cara, y pérdida auditiva.
La sentencia, notificada al consistorio el 3 de septiembre de 2007 pero que no se ha hecho pública hasta ahora, cuando se ha aprobado el gasto, explica que el ayuntamiento carecía entonces de "plan de emergencia y prevención de riesgos" y que "las medidas adoptadas fueron realmente insuficientes".
La resolución añade: "La actuación del Ayuntamiento no puede limitarse a adoptar unas medidas de seguridad sino que ha de vigilar que las mismas se cumplan y que, en todo caso, las adoptadas sean suficientes para salvaguardar la integridad física de los espectadores, lo que aquí no aconteció".
Las víctimas se encontraban presenciando los fuegos artificiales fuera de la zona de seguridad, "a pesar de lo cual resultó lesionado por el impacto de un cohete".
El juez señala que la pirotécnica co-demandada, "precisamente por su condición de técnica en la materia", era "la primera obligada de advertir del peligro".
Además, indica que la explosión "no se llevó a cabo con la diligencia exigida", por lo que la considera responsable.
Tanto el consistorio como la empresa tienen responsabilidad "solidaria" ya que "a la producción del accidente concurrieron dos causas: el incorrecto lanzamiento del cohete o el defecto en la manipulación del mismo, y la falta de las debidas medidas de seguridad".
La parte demandante pedía 185.913,08 euros por daños materiales que finalmente el juez entiende que no se han podido justificar mientras que también se ha excluido a la aseguradora Zurich, contratada por el Ayuntamiento, de tener alguna responsabilidad.
Por lo tanto, el juzgado anula la desestimación que el ayuntamiento benidormí hizo por silencio administrativo de un recurso de reclamación de responsabilidad patrimonial presentado en el registro, que fue justamente lo que llevó al matrimonio a presentar la querella.
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