El Gobierno valenciano asegura que el modelo para impartir la asignatura en inglés es ´perfectamente legal´

El director general de personal docente de la Consejería de Educación del Gobierno valenciano, David Barelles, aseguró hoy que la orden sobre la aplicación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía "se ajusta perfectamente al espíritu y la letra de la ley y, por tanto, es legal pese a lo que algunos afirmen".

EUROPA PRESS Por contra, los sindicatos del sector docente exigieron a la Consejería que retire el borrador de orden sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC); por ser "ilegal e irresponsable". Además, alguna de las entidades, como CCOO y STEPV-Iv, advirtieron de que si este texto llega a publicarse tal y como está --el próximo miércoles volverá a tratarse en una Mesa Sectorial-- lo recurrirán.

Barelles señaló que "esta orden para impartir Educación para la Ciudadanía en inglés y con estas dos opciones no es una ocurrencia sino que está estudiada y analizada a fondo a partir de informes jurídicos".

Barelles indicó que la orden redactada por Educación es "plenamente legal" y "cumple lo previsto y recogido en la LOE respecto a adaptaciones curriculares". En concreto, dijo, la ley "prevé para atender la diversidad del alumnado que se garanticen las medidas curriculares y organizativas que contemplen una concreción del curriculo con la finalidad de satisfacer adecuadamente las necesidades de los alumnos y sus familias".

Según el director general, "así es como se va a aplicar ya que en cualquiera de las dos opciones se dan los contenidos de los bloques temáticos", sentenció.

Por último, Barelles indicó que la propuesta realizada por Educación que se va a ejecutar a partir del próximo curso "es la solución idónea", ya que "permite respetar la libertad de las familias". De hecho, consideró que "Educación tiene plena legitimidad para impartir esta asignatura en el ámbito autonómico. Afirmar lo contrario es desconocer el ordenamiento jurídico de nuestro país", concluyó.

LOS SINDICATOS RECURRIRÁN LA ORDEN.

Por contra, los sindicatos denunciaron la orden por "ilegal e irresponsable". Así, desde la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV); recalcaron que la propuesta de Educación incurre en una "clara ilegalidad" y ha llegado "a tal nivel de contradicción legal" que los representantes de CCOO han optado por presentar su demanda en inglés para "evidenciar la irracionalidad y afán de espectáculo que rodea las propuestas en materia educativa del Consell".

La organización consideró el borrador como "esperpéntico" y recalcó que su "compromiso es mantener la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, que mantendremos contra estas decisiones publicitarias".

Desde el punto de vista del desarrollo legal autonómico, CCOO denunció diversos "aspectos claramente contradictorios", como que "las condiciones impuestas hoy al borrador de Orden contradicen los principios básicos de la ordenación jurídica de nuestro estado de derecho como son el respeto a las normas de ámbito estatal y el respeto a los derechos del alumnado y el profesorado".

Asimismo, sostuvieron que el texto incluye "agresiones a los derechos laborales del profesorado y a la calidad de la enseñanza" al "atentar contra la libertad de cátedra del profesorado" o no especificar ratio mínima para las diferentes opciones --A y B-- que se ofrecen para esta asignatura.

En esta misma línea, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-IV); anunció que, caso de publicarse, recurrirá la orden "para garantizar el derecho de todo el alumnado a la obtención del graduado escolar en igualdad de condiciones" y lamentó que el Gobierno valenciano "use el sistema educativo para intereses partidistas y crear problemas organizativos muy graves a los centros docentes en lugar de proponer soluciones para los problemas crónicos que sufre la educación valenciana".

Este sindicato defendió que la orden de la Conselleria "incumple la ley porque no se puede regular una asignatura al margen del decreto de currículum ya aprobado y vigente".

En este sentido, recordaron que el currículum de Educación para la Ciudadanía aprobado en julio de 2007 por el Consell "no habla para nada de educación moral ni religiosa, e incluso, recortó contenidos del Real decreto que marca los contenidos mínimos para todo el estado". "Este currículum --prosiguieron-- ha contado con el apoyo tanto de la patronal del centros privados religiosos como de las organizaciones de padres católicos, pero parece que no era suficiente".

Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE UGT PV); puso en duda "la autoridad legítima para establecer una opción de una asignatura distinta de la propia curricular". Al respecto, hizo notar que "la incoherencia de esta opción B aumenta en caso de una resolución jurídica en contra de la legalidad de esta opción, que es previsible, y la Conselleria lo sabe, a que se produzca, además del trastorno académico para el alumnado que libremente lo haya elegido, la posible reclamación por daños y perjuicios".