Los abogados del caso Mercalicante critican la lentitud de la instrucción

J. A. GIMÉNEZ A
bsolutamente anormal. Así coinciden en definir el estancamiento judicial que sufre del caso Mercalicante los abogados de tres de las principales partes. Seis años se cumplen este 2008 desde que la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, María Cristina Costa, comenzara a investigar el mayor desfalco registrado en la ciudad en una empresa mixta de capital público. Y casi medio año desde que el letrado que defiende al alcalde Luis Díaz Alperi, al concejal Juan Zaragoza y al entonces edil y hoy director general de Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant, solicitara el archivo de la causa para los políticos que eran miembros de la comisión ejecutiva de Mercalicante cuando se detectó el agujero contable, sin que la juez se haya pronunciado tras admitir a trámite la petición.
Las partes personadas en el proceso no se explican por qué la magistrada instructora del caso demora tanto la resolución de este asunto, que es clave, por otra parte, para determinar si el caso se traslada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o se queda en Alicante. En el supuesto de que la juez cerrara la causa para los políticos, el procedimiento no se tendría que remitir a Valencia, ya que esto se produciría de mantenerse la imputación sobre el alcalde, dada su condición de aforado como diputado autonómico.
"Los datos los tiene todos sobre la mesa, es absolutamente anormal que tarde tanto; no se decide, no sabe qué hacer", afirma la acusación particular que representa al dirigente vecinal José Luis Valdés, cuya denuncia originó la investigación que destapó las irregularidades financieras en Mercalicante, cifradas, en principio, en más de siete millones de euros.
El letrado de José Luis Valdés recordó que los plazos de prescripción de los delitos empiezan a contar desde el momento en que el proceso se paraliza "y ahora mismo lo está". Aunque no cree que se llegue a ese extremo, "eso es un riesgo", añade, al tiempo que sostiene que "con el lío de estar Alperi en el proceso el que se está beneficiando es Emilio Clavero -el ex gerente de Mercalicante y principal imputado-, ya que su defensa seguro que pedirá en el juicio atenuantes por dilación indebida para rebajar la pena".
La representación legal del PSOE lamenta que haya transcurrido casi un año sin una sola actuación procesal sobre Mercalicante; afirma, como el resto, desconocer los motivos para ello, y aboga "por el bien de todos, por una rápida solución" de un caso marcado por las dilaciones. Unos retrasos que servirían para rebajar las penas a los eventuales culpables llegada la vista oral, pero que, por contra, supondrían haber tenido bajo la sombra de la sospecha a quienes pudieran ser absueltos, precisó el letrado de los socialistas.
Cabe recordar que las diligencias del caso Mercalicante comenzaron en octubre de 2002. Hoy, casi seis años después, aún quedan pruebas por practicar. El juzgado de Instrucción número 1 de Alicante es uno de los más sobrecargados de trabajo. La lentitud en la instrucción provocó que, entre otras cosas, hace un año los bancos afirmaran que la documentación que se les requirió sobre las cuentas de Clavero hubieran caducado.