La Comunidad y Murcia reclaman más dinero para aplicar la Ley de Dependencia

REDACCIÓN Los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia solicitarán al Ejecutivo central "más financiación" y "agilidad" administrativa para la aplicación de la Ley de Dependencia este año, a pesar de que el Defensor del pueblo, Enrique Múgica, acaba de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un aspecto de la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la aplicación de dicha ley. En concreto, el Defensor del Pueblo considera ilegal el concepto de silencio administrativo negativo apuntado por el PP, que considera desestimadas las peticiones que no son contestadas en un plazo de seis meses.
El conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, señaló ayer que "la ley es socialmente buena pero hace falta dotarla de los recursos necesarios y hacerla más ágil, ya que desde que un ciudadano solicita acogerse a la ley hasta que se le presta el servicio se dan 32 pasos y eso tiene un coste administrativo elevadísimo".
Cotino señaló que Murcia y la Comunidad están elaborando un manual de buenas practicas para que el trámite administrativo sea más rápido, ya que, según afirmó, la prioridad es "atender a la gente antes, más y mejor", y para ello se debe dotar a la normativa de recursos económicos, y "eso es básico para la negociación del próximo convenio".
Según el conseller, el presupuesto de este año no alcanza ni al 20 por ciento del dinero que se necesita para la aplicación de la ley, y denunció que las comunidades autónomas estén gastando dinero de sus presupuestos "desde hace tiempo" para la aplicación de esta normativa.
"¿Desde dónde partimos: desde el día que se aprobó la ley o desde que se atiende a las personas?", se preguntó Cotino, quien agregó que el Gobierno de España "esperó hasta el último día hábil del año pasado para firmar el convenio con Valencia y con todos los demás porque sabía que tenía un problema y es que no estaba financiando la realidad, sino el 20 por ciento de esa realidad".
Estas argumentaciones han sido rechazadas de forma continua por el PSPV, que recuerda que la Comunidad dispone de dinero del Gobierno desde el año 2005 para aplicar la ley, pese a lo cual el Consell no concede ayudas.