JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
Los fiscales del Tribunal Supremo dieron su apoyo ayer por unanimidad al recurso contra el archivo del caso de los aparcamientos, según informaron fuentes de la Fiscalía. La decisión adoptada ayer supone mantener viva la causa en el alto tribunal, ya que son los fiscales del Supremo quienes tenían que presentar ante esa instancia la queja contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); de la Comunidad Valenciana. Si la junta de fiscales hubiera rechazado seguir adelante, la causa hubiera quedado cerrada de una manera definitiva.
El caso de los aparcamientos investigaba un presunto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz en la modificación de los proyectos de tres aparcamientos municipales. Sin embargo, el TSJ de la Comunidad Valenciana archivó la investigación por no ver indicios de delito y concluyó que el empresario no resultó beneficiado. La investigación fue abierta por un juzgado de Alicante a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, pero tuvo que remitirse al TSJ al ser elegido Luis Díaz Alperi diputado autonómico y ser, por tanto, persona aforada. La denuncia fue presentada por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida y se estimaba que las modificaciones de los proyectos causaron un quebranto de dos millones de euros a las arcas municipales.
El archivo de la investigación judicial ha sido recurrido hasta dos veces por el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. La última vez su escrito fue desestimado argumentando que la decisión es firme y contra ella no cabe recurso. Briones presentó un anuncio de queja por esta negativa ante el Supremo el 11 de marzo y ahora los fiscales del alto tribunal tienen un plazo de quince días laborables para formalizarla. Los representantes del ministerio público en Madrid llevaron el asunto a su junta de fiscales de ayer para decidir si cabe recurso o, por el contrario, respaldaban la actuación del TSJ de Valencia. La junta apoyó por unanimidad continuar adelante con los recursos.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el Supremo podría tomar una decisión en un plazo breve, ya que todavía no se tiene que pronunciar sobre el fondo del asunto. En caso de que admitiera la queja, el TSJ tendría que enviar la causa a Madrid para que los magistrados del Supremo decidan si se reabre el caso.
La decisión de la Fiscalía se basa en el auto que hizo el juez de Instrucción de Alicante, Jesús Gómez Angulo, cuando remitió la causa a Valencia. El magistrado aseguraba que había suficientes indicios de delito para seguir con la investigación abierta y que la relación del alcalde con Ortiz "parece exceder una cordial relación institucional". El ministerio público sostiene que la investigación estaba prácticamente finalizada y que la exposición razonada que hizo el juez era un auto de procesamiento en toda regla, en el que se detallaban tanto los delitos como los imputados. Era al TSJ a quien le correspondía hacer el auto de procesamiento pero los magistrados dijeron que no había delito y archivaron la causa.