EFE
La decisión del órgano decisorio del Ministerio Público del Tribunal Supremo ha sido adoptada por unanimidad, después de mantener esta mañana una reunión de trabajo para analizar este procedimiento, han añadido las citadas fuentes.
El recurso de queja tiene como objeto instar al Tribunal Supremo a que se pronuncie sobre si es posible o no interponer un recurso de casación contra el archivo de este caso.
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ya anunció el pasado 10 de marzo que presentaría un recurso de queja ante el Tribunal Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV); reiterara que no cabía recurso de casación contra el archivo del caso de los aparcamientos.
Esa iniciativa, que fue comunicada ese mismo día al TSJCV, fue trasladada al Tribunal Supremo y, en concreto, a su Junta de Fiscales, la cual ha dado luz verde esta mañana a la queja.
Las investigaciones sobre el caso se iniciaron en 2006, tras las denuncias sobre modificaciones en el contrato de tres aparcamientos subterráneos a favor de la empresa Ortiz e Hijos, que habrían supuesto al Ayuntamiento un quebranto de 2,2 millones de euros.
En la causa estaban imputados el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP); y los entonces concejales populares de Urbanismo, Sonia Castedo, y Seguridad Ciudadana y Tráfico, Luis Concepción, por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos.
En octubre del pasado año, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV asumió la investigación, cuyas diligencias había iniciado el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, por la condición aforado del alcalde, al convertirse en diputado autonómico.
Un mes después, el magistrado instructor del TSJCV consideró suficiente la prueba practicada y, tras su examen, estimó que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, una decisión que fue recurrida por el fiscal y la acusación particular.
Sin embargo, la citada Sala del TSJCV rechazó el pasado febrero ambos recursos, consideró "inútil" la práctica de las diligencias de investigación solicitadas, confirmó el auto de archivo y anunció que no podía recurrirse esta decisión.