AGENCIAS
El PP ha invitado a la oposición, que ha respaldado la proposición no de ley de Compromís, a acudir a los tribunales para denunciar lo que califican de "incumplimientos", en lugar de intentar impedir la aprobación del plan mediante esta iniciativa, que también pedía que se revocara la adjudicación del PAI al estar "afectada" por denuncias de "irregularidades".
El PAI de Rabassa, aprobado por el Ayuntamiento de Alicante y adjudicado a la empresa Viviendas Sociales del Mediterráneo, se ha tramitado al margen de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU);, de 1987, según recoge el texto de la iniciativa.
Al proyecto se han opuesto "todo tipo de agentes sociales de la ciudad", ha motivado la elevación de una queja a la Comisión Europea por infracción del Derecho Comunitario y ha sido objeto de un informe desfavorable por parte de la Sindicatura de Greuges, asegura Compromís.
Así, dicho informe, fechado el 9 de enero de 2007, pide que no se apruebe el Plan parcial de mejora ni el PAI del sector Rabassa sin revisar antes el PGOU, ni mientras no se corrijan "deficiencias" relacionadas con la clasificación de las lagunas de Rabassa como suelo no urbanizable de especial protección y con la necesidad de elaborar un estudio de evaluación ambiental estratégica.
La Sindicatura también advierte de la necesidad de acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes mediante un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de convocar un nuevo concurso para la selección del urbanizador, "ajustado" a la Ley Urbanística Valenciana (LUV);.
El diputado popular David Serra ha argumentado que tras esta iniciativa se esconde en realidad "un debate" sobre el modelo "urbanístico, de crecimiento y de la ciudad" que los grupos de la oposición rechazan, denunciando "posibles irregularidades, incumplimientos de normativas o de falta de vigilancia de las mismas" que no son "verdad".
Serra sostiene que un "debate más público y más transparente -sobre el PAI de Rabassa- es imposible", aunque ha recordado a la oposición que "hay vías jurídicas" para denunciar las "sombras o dudas jurídicas" que puedan ver en el plan, que considera una solución más adecuada que traerlo a Les Corts.
Además, ha opinado que el hecho de que "la acción política" de la oposición "tenga que estar tutelada por el informe" de la Síndica de Greuges en funciones, la socialista Emilia Caballero, demuestra "la falta de alternativas a las acciones y propuestas del Consell".
Por su parte, el portavoz adjunto de Compromís Enric Morera ha denunciado que el PP en el Ayuntamiento de Alicante "aceptó la propuesta de Enrique Ortiz -constructor y máximo accionista del Hércules-", un plan que "no sólo tiene graves carencias jurídicas", sino que no reúne "las mínimas condiciones de un urbanismo de consenso, público e integral".
El PAI de Rabassa, ha precisado, supondrá "la destrucción de más de cuatro millones de metros cuadrados" de superficie, equivalentes al 40 por ciento del término municipal de Alicante, y ha añadido que el proyecto "es más importante para el bolsillo de alguno que para la ciudad".
En esa misma línea, el diputado socialista Francesc Signes ha alertado de que el PAI ocupará "20 veces la extensión del centro histórico de Alicante", y de que "no debe ni puede dejarse en manos de la iniciativa privada", que, según dice, "ha obtenido beneficios complementarios sin haber participado en un proceso de concurrencia pública".