CLARA R. FORNER
E
l presidente de la Plataforma en Defensa del Puerto, Manuel Pomar, presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente para que investigue si los promotores de los silos de cemento para la zona de ampliación de Puerto o las Administraciones que han informado favorablemente hubieran cometido un posible delito contra la ordenación del territorio.
Pomar comunicó ayer tras acudir a la Audiencia Provincial que la denuncia va dirigida "contra los que resulten ser los promotores, constructores o técnicos directores de las instalaciones proyectadas de los megasilos en el Puerto de Alicante y contra aquellas autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, hayan informado favorablemente su instalación". Concretamente, citó como presuntos responsables al Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Portuaria de Alicante.
Pomar explica en el documento entregado al fiscal Juan Carlos Carranza que los silos que pretenden levantar cinco empresas -Cementos de Levante, Holcim, Tecnifield, Exportaciones Sabanci y Cemex España- son "construcciones no autorizadas por exceder de lo permitido y no tener todos los informes y permisos necesarios". Además, se situarían "en un bien de dominio público como es la zona portuaria".
La plataforma asegura que estas edificaciones "vulneran la normativa vigente en materia de urbanismo y medio ambiente y atentan contra la salud de los ciudadanos", puesto que las parcelas destinadas a las cementeras se encuentran a sólo 500 ó 600 metros de las viviendas más cercanas, señala la denuncia.
El escrito recuerda que la modificación puntual número 3 del Plan Especial del Puerto indica que "la altura máxima se establece en doce metros" y que tanto los 17 silos propuestos como "algunas plantas asociadas a los mismos" superan "en mucho la altura máxima establecida por la normativa citada". El representante vecinal insiste en que estas instalaciones podrían alcanzar entre los 26 y 53 metros de altura, frente a los ocho metros de los silos actuales. En su opinión, estas dimensiones "no son objetivamente necesarias, ni desde el punto de vista técnico ni económico", pues "el impacto es muy grave", tanto visual como porque teme que esta "pantalla de hormigón" haga rebotar el ruido.
"Verticalidad excesiva"
Pomar apunta que "existe una ocupación muy escasa de la parcela", pues sólo se ocupa una tercera parte, y atribuye "verticalidad excesiva" a la intención de "optimizar los beneficios".
Asimismo, denuncia un intento de la Autoridad Portuaria y de Terminales Marítimas del Sureste, que es la concesionaria de los muelles donde está previsto instalar los silos, de "convertir la zona de ampliación del Puerto en una zona industrial sin las autorizaciones preceptivas y sin que se haya realizado un estudio medioambiental, legalmente obligatorio, para examinar los efectos de las actividades solicitadas en su conjunto". En este sentido, insiste en recordar los proyectos de la fábrica de biodiésel y la de fertilizantes líquidos.
Además, considera que existen otros "peligros graves" adicionales, pues el clínker que se descargaría y almacenaría en los silos es "altamente alcalino y hay que evitar cualquier riesgo de contacto con ácidos" como los que asegura que se manipularía en la fábrica de biodiésel, concretamente clorhídrico y fosfórico.
La Plataforma agrega que el estudio de impacto ambiental elaborado por la Generalitat en 2003 "no cubre los proyectos objeto de la presente denuncia". Por tanto, considera necesarios dos nuevos informes, "uno general para la zona de ampliación y otro específico para el muelle 21" por ser un espigón.
En el escrito se demanda un "estudio sobre las consecuencias de las emisiones de polvo" y denuncia que los proyectos "no presentan un análisis de la composición química del polvo de cemento". "No se mencionan tampoco -agrega Pomar- los riesgos para la salud de estas sustancias, ni medidas que se deben tomar" para reducirlos al mínimo.