Imputan a una funcionaria de Hacienda por un fraude superior al millón de euros

P. C./J. A. M. U
n juzgado de Alicante y el Cuerpo Nacional de Policía investigan un fraude a Hacienda de más de un millón de euros presuntamente cometido por una funcionaria de la Agencia Tributaria mediante devoluciones indebidas del IVA a varias sociedades de arrendamientos de locales e inmuebles que son propiedad de familiares suyos, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. La funcionaria, que era jefa de sección del IVA, fue denunciada por la propia Agencia Tributaria ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante y tanto ella como al menos cinco familiares han sido imputados por el juzgado que asumió el caso a principios de este año, después de que el Ministerio Público denunciara el fraude al estimar que había indicios de delito en la actuación de la trabajadora. Los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía están elaborando un informe patrimonial sobre los implicados para remitirlo al juzgado que instruye las diligencias. El caso ha estado bajo secreto de sumario y recientemente se ha levantado para las partes.
Un portavoz de la Agencia Tributaria confirmó ayer a este diario que las supuestas anomalías en la devolución del IVA fueron detectadas en los sistemas de control interno. Tras realizar primero una investigación interna, los responsables de Hacienda en Alicante decidieron denunciar el fraude en la Fiscalía. La acusada está de baja desde un día antes de la presentación de la denuncia, según confirmaron las fuentes autorizadas de la Agencia Tributaria, quienes añadieron que en el caso de que volviera a trabajar "estaría alejada de toda responsabilidad" y no se adoptarían otras medidas contra ella hasta que no haya una resolución judicial.

Dos años prescritos
El presunto fraude de más de un millón de euros se registró entre los años 2000 y 2005, por lo que parte de las irregularidades habrían prescrito al haber transcurrido más de cinco años de la comisión del presunto delito contra la hacienda pública. No ha trascendido si se presentaron facturas falsas para reclamar el IVA, aunque por lógica tuvo que registrarse una falsedad documental para que Hacienda devolviera el dinero.
El juzgado ya ha tomado declaración a la funcionaria y a otras personas imputadas, aunque el proceso de instrucción aún tardará varios meses antes de concluir las pesquisas y decidir el posible procesamiento de los que hayan participado en la estafa. Algunos familiares podrían ser ajenos al fraude, pero, al figurar como miembros de las sociedades que han recibido el dinero del IVA, han sido imputados y se les ha tomado declaración.
El caso no fue asumido por la Fiscalía Anticorrupción porque la cuantía del supuesto fraude no superaba los diez millones de euros, cantidad a partir de la que se considera que este órgano tiene competencia para intervenir. Aunque el fiscal Anticorrupción ha actuado en investigaciones por cantidades económicas menores, su papel se ha hecho más en calidad de representante del Ministerio Público que como representante de Anticorrupción.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, en nombre de la Agencia Tributaria, se han personado en la causa abierta por el fraude y hasta el momento no han pedido al juzgado que adopte medidas cautelares contra la funcionaria y el resto de personas imputadas. Fuentes cercanas al caso indicaron que ha habido cierta colaboración por parte de la funcionaria y ha devuelto parte del dinero cobrado indebidamente, pero no ha trascendido la cantidad.