EUROPA PRESS. MADRID
L
a última persona que ETA asesinó de esta forma tan cobarde y vil fue el sargento de la policía municipal de Andoain y militante socialista, Joseba Pagazaurtundua, acribillado el 8 de febrero de 2003 mientras desayunaba en un bar. Este fue también el último atentado de ETA en el País Vasco, donde hasta llevaba sin matar más de cinco años. Con la muerte de Isaías Carrasco, se eleva a 41 el número de políticos asesinados por ETA, la mitad de ellos desde que, a mediados de los años 90, lanzase una intensa campaña de ataques contra los representantes de PP y PSOE en los ayuntamientos.
Los dos últimos muertos de ETA antes del atentado de la T-4 fueron Julián Envit Luna y Bonifacio Martin Hernando asesinados en Navarra el 30 de mayo de 2003 con una bomba-lapa.
Con el asesinato del ex edil socialista, ETA se cobra su quinta víctima mortal en esta legislatura junto a los dos ciudadanos ecuatorianos que fallecieron el 30 de diciembre de 2006 en el atentado de la T-4 de Barajas, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, y junto a Raúl Centeno y Fernando Trapero, los dos guardias civiles que ETA acribilló en Capbreton (Francia);. La banda terrorista irrumpe así en la campaña electoral y vuelve a dirigir su diana a los políticos, algo que se temía y que llevaba buscando desde hace semanas.
Aunque ETA ha perpetrado atentados contra cargos públicos a lo largo de toda su historia, como el asesinato del senador socialista Enrique Casas en 1984, no fue hasta los años noventa cuando los políticos, y particularmente los concejales del PP y el PSOE, se convirtieron en objetivo preferente de la banda terrorista.
El 23 de enero de 1995 fue asesinado en San Sebastián de un tiro en la nuca el presidente del PP en Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, que también era el portavoz del PP en el País Vasco y que había sido designado candidato a la alcaldía donostiarra. Desde entonces 21 políticos han resultado muertos en atentados. Doce de ellos eran miembros de PP, dos de UPN y siete, incluido Isaías Carrasco, del PSOE. El último político que había muerto víctima del terrorismo era el concejal del PSE-EE de Orio Juan Priede Pérez, asesinado el 21 de marzo de 2002 de un disparo en la cabeza en un bar de esa localidad.