REDACCIÓN
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l Gobierno valenciano celebró ayer su último pleno antes de las elecciones del domingo y aprovechó para aprobar un paquete de medidas de apoyo a importantes colectivos sociales: desde la concesión de más de un millón de euros para actividades de las asociaciones empresariales a 130.000 para tres asociaciones de integración de inmigrantes, pasando por la creación de 620 plazas de funcionarios de la Generalitat acordada con los sindicatos. El Consell también acordó aportar 90.140 euros para financiar las actividades de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, entre las que se incluyen dos conciertos de homenaje a las víctimas que tendrán lugar en octubre en Valencia y Madrid.
La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa); recibirá del Consell una subvención de 501.770 euros para la convocatoria de ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales. A su vez, la patronal autonómica Cierval y la nacional Ceoe recibirán 540.000 euros para la puesta en marcha en Valencia del Centro Euromediterráneo de Cooperación Empresarial. Este centro se configura como una plataforma para la cooperación empresarial con los países terceros mediterráneos, particularmente en los sectores de infraestructuras, industria y servicios.
En el campo de la inmigración, el Ejecutivo autonómico destinará 32.440 euros a la Asociación Venezolanos en Valencia -Veneval-, 64.750 euros a la Asociación de Inmigrantes Argentinos en Valencia y otros 32.340 a la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius "para la realización de actuaciones que favorezcan la integración de los inmigrantes".
Y en cuanto a la oferta de empleo público de 2008 para acceder a la Generalitat, el acuerdo con los sindicatos en la Mesa de Función Pública contempla la convocatoria de 620 plazas. Se trata de la primera medida del acuerdo 2008-2011 suscrito entre el Consell y las organizaciones sindicales. En la oferta se reserva un mínimo del 40% de los vacantes a promoción interna. Del total de las 620 plazas que se ofertan, 486 corresponden a puestos de naturaleza funcionarial y 80 a puestos de naturaleza laboral.
Por último, el Ejecutivo acordó la distribución de 46,2 millones de euros entre las universidades públicas de la Comunidad para gastos financieros y amortización de capital de créditos y emisiones de bonos para la financiación de infraestructuras docentes. De esta cifra, 8,2 millones corresponden a la Universidad Miguel Hernández de Elche y 6,5 millones a la Universidad de Alicante.
Nuevo pulso legal con el Gobierno por la inserción social
El Gobierno valenciano aprobó ayer plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción al considerar que la norma "entra en colisión" con las competencias atribuidas a la Generalitat en materia de servicios sociales. Según explicó Rambla, el objeto del recurso es solicitar al Tribunal Constitucional que delimite las competencias de servicios sociales reconocidas en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana a la Generalitat. El Consell también ha planteado un conflicto de competencias al Gobierno por considerar que la ley estatal de ayuda al alquiler para jóvenes invade las atribuciones de la Generalitat.
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