J. A. M.
La Audiencia Provincial y la Fiscalía acordaron ayer la retirada inmediata de los centenares de expedientes que se acumulan en la escalera interior del edificio, según confirmaron ayer fuentes judiciales. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, llegó a un acuerdo con el fiscal jefe, José Antonio Romero, para cederles un despacho en las instalaciones que sirva para almacenar las carpetas y como punto de trabajo de los fiscales dedicados a incapacidades. El fiscal jefe, José Antonio Romero, precisó ayer que la citada escalera no es una salida de emergencia, en contra de lo manifestado por delegados de prevención, pero que los papeles se iban a retirar por el riesgo existente en el caso de que se produzca un incendio. El traslado de los expedientes se hará de manera inmediata a lo largo de esta semana.
Por otro lado, el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, afirmó ayer que el Ayuntamiento estará en disposición de ceder el suelo para la Ciudad de la Justicia "a finales de marzo o primeros de abril", en cuanto finalice el plazo de exposición pública de las modificaciones urbanísticas realizadas por el consistorio. Las declaraciones se producen después de que se conozca que la junta de gobierno del TSJ instó al Ayuntamiento a desbloquear la cesión del suelo de la Ciudad de la Justicia. Díaz Alperi aseguró que tampoco habrá ningún problema con el aparcamiento que actualmente hay en estos terrenos porque la concesión vence, según ha dicho, "un día de éstos". El alcalde explicó que cuando ésta finalice, la empresa propietaria del aparcamiento "lo desmantelará y se llevará las instalaciones".
Esta misma semana, el Diario Oficial de la Generalitat publica la aprobación del presupuesto para el Plan de Infraestructuras Judiciales, que incluye inversiones de 60 millones de euros para la provincia de Alicante. Los edificios previstos son la Ciudad de la Justicia de Alicante, los juzgados de Villena y La Vila, y una ampliación de las instalaciones de Elche. La Conselleria de Justicia adoptará la fórmula del pago aplazado a diez años para agilizar la ejecución de los proyectos. La previsión es hacer la Ciudad de la Justicia en treinta meses a partir del año que viene.