El archivo de los aparcamientos llega al Supremo tras el nuevo rechazo del TSJ

J. A. M. E
l Tribunal Superior de Justicia (TSJ); de la Comunidad Valenciana rechazó ayer el último recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo del llamado "caso de los aparcamientos", según confirmaron fuentes del ministerio público alicantino. La decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ no cogió a nadie de sorpresa, ya que en el último auto de archivo se hacía constar de manera expresa que contra esa decisión no cabía recurso alguno y ése es el argumento con el que, una semana después, ha rechazado el escrito presentado por el ministerio público. Sin embargo, ahora la Fiscalía tiene de plazo hasta el martes para presentar una queja al Tribunal Supremo.
El ministerio público y las acusaciones particulares sostenían que el auto de archivo del TSJ a la investigación dejaba sin respuesta varias cuestiones planteadas por ellos que justificaban continuar con la causa abierta, por lo que no comparten que el auto sea irrecurrible.
El TSJ dio por cerrada la investigación al no ver indicios de delito en las modificaciones de los proyectos de tres aparcamientos municipales adjudicados por el Ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz. Un juez de Alicante estuvo investigando las supuestas irregularidades durante un año pero tuvo que remitir la causa al TSJ de Valencia al ser elegido el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, como diputado autonómico y, por tanto, ser persona aforada. El magistrado de Alicante decía en un auto que había suficientes indicios para seguir investigando la causa, dada la estrecha relación entre el primer edil y el principal promotor de la ciudad. Sin embargo, el TSJ tras leer las diligencias decidió archivar la denuncia por no ver indicios de delito. La Fiscalía recurrió y el TSJ ratificó el archivo del caso, hecho que motivó el recurso que ahora se rechaza.
Las investigaciones se iniciaron en 2006, tras las denuncias sobre modificaciones en el contrato de tres aparcamientos subterráneos a favor de la empresa Ortiz e Hijos, que habrían supuesto al Ayuntamiento de Alicante un quebranto económico de 2,2 millones de euros. En la causa estaban imputados, además de Ortiz y Alperi, la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el ex edil de Seguridad Ciudadana y Tráfico Luis Concepción, entre otros, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos.