E l alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, defendió ayer que la tramitación del PAI de Rabasa se ha realizado «cumpliendo la ley» en todo momento, de manera que el proyecto tiene «todo en regla». De esta forma, consideró de manera implícita que la Justicia no tendría por qué intervenir en modo alguno en esta actuación, en contra de lo que ha ocurrido con un plan aprobado por el Ayuntamiento de La Nucía que contempla casi 4.000 casas, y que ha sido paralizado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ);. Díaz Alperi mostró su malestar por el hecho de que las acciones judiciales que afectan a otros municipios sirvan para poner en duda la gestión llevada a cabo en Alicante, y señaló que «al final va a resultar que los Ayuntamientos no van a poder tomar decisiones». Al mismo tiempo, reiteró que el PAI de Rabasa se ha realizado siguiendo lo marcado por la legislación. Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC);, Manuel Alcaraz subrayó ayer que la el pronunciamiento del TSJ es «altamente positivo» y evidencia la línea que en cuestiones de «desmesura» urbanística está siguiendo la jurisprudencia. Alcaraz destacó que el caso de La Nucía guarda «un paralelismo absoluto» con el PAI de Rabasa atendiendo a cuestiones como el abastecimiento hídrico o las tramitaciones al margen del PGOU y subrayó que la línea establecida por la justicia «es clara», por lo que el Ayuntamiento debería «dar el paso lógico de retirar este plan para no caer en una situación ridícula». En esta misma línea, el coordinador de Esquerra Unida en Alicante, José Antonio Fernández Cabello incidió en la similitud de este proyecto con Rabasa y precisó que la decisión del Tribunal sienta un «precedente más» en materia urbanística y matizó que de no optarse «por la paralización de Rabasa seguirán la misma línea del recurso para conseguir su bloqueo». El dirigente de EU añadió que la decisión judicial «avala» los recursos presentados por su partido e instó al Consistorio a dejar de «utilizar la construcción de VPO como señuelo».
Asimismo, fuentes del PSPV en Alicante evitaron trazar paralelismos entre uno y otro proyecto y mostraron su «desconfianza» a que ante la decisión adoptada por el Tribunal tanto el Consell como el Ayuntamiento «desistan» en su intento de ejecutar el plan. Por otra parte, acerca de la denegación de la licencia para la instalación de la planta de biodiésel en el Puerto, la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, criticó que se haya cuestionado a los técnicos que han redactado el informe y apeló a que «hablen los vecinos» al respecto, pero «sin estar manipulados por intereses políticos». Castedo, pidió a la Plataforma en Defensa del Puerto que «diga qué quiere», dado que «si se da la licencia, malo, y si no, también», y se preguntó si «lo que les ha molestado es que les quiten protagonismo».
