El PP regional vigilará la entrega de las listas para evitar cambios a última hora

J. E. MUNERA E ntre la confrontación y la desconfianza. Así viven las dos facciones del PP en la Comunidad, cuyos recelos mutuos se han acrecentado a raíz de la guerra abierta por el control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM);, que tiene su inmediata proyección sobre todo el proceso de conformación de las candidaturas electorales. Pero no sólo en lo tocante a la confección de las listas, sino también en la presentación y entrega de las mismas. Tal es el grado de distanciamiento entre unos y otros.
La dirección regional campista está decidida a vigilar «hasta el último minuto» la composición y entrega de las candidaturas municipales y autonómica en las juntas electorales para impedir posibles cambios en los nombres y/o en los puestos. «Hoy por hoy, ésa es nuestra máxima preocupación», admitió ayer un miembro de la ejecutiva regional.
Los campistas también quieren extender su control a la elección de los diputados provinciales que, al fin y a la postre, es una decisión en última instancia de los concejales electos en cada partido judicial. Para ello, este año pretenden poner fin a la práctica tradicional del PP en anteriores convocatorias según la cual los ediles se limitaban a firmar en blanco un aval para que la dirección provincial decidiera los nombres de los diputados provinciales.
En el caso de las listas municipales, los campistas pedirán a la dirección nacional que autorice un solo apoderamiento a la dirección regional, a fin de que sea ésta la que delegue en las tres provinciales y pueda controlar de cerca la designación de los apoderados, que son las personas legítimamente autorizadas por el partido para depositar las listas ante las juntas electorales. El entorno del presidente regional considera que un doble apoderamiento por parte de Madrid - tanto para Valencia como para Alicante - puede dar pie a nuevos contenciosos entre campistas y zaplanistas si queda en manos de estos últimos la potestad de nombrar a los apoderados. En la práctica, se abre una nueva disputa por el nombramiento de las personas mandatadas por el partido para entregar las listas y que augura nuevos desencuentros. Fuentes campistas se remontaron ayer a 1991 para recordar cómo el economista Mariano Rodríguez, anunciado inicialmente como número dos de la lista del PP en Elche y colocado en el puesto octavo por el comité electoral, fue relegado a la duodécima plaza cuando la lista se presentó ante la junta electoral de zona a las 23,45 horas, 15 minutos antes del cierre del plazo. No hay antecedentes más cercanos; lo que sí queda es la constatación de una creciente desconfianza entre las dos familias del PP, agudizada con la dura negociación de la renovación de los órganos de gobierno de la CAM y el primer acuerdo inicial de los zaplanistas con el PSPV-PSOE que forzó una nueva intervención del presidente nacional Mariano Rajoy para dar al traste con ese pacto «contra natura».
En cuanto al control sobre la elección de los diputados provinciales, no es la primera vez que los campistas intentan presionar al primer referente del zaplanismo y presidente de la institución, José Joaquín Ripoll. Ya lo hicieron meses atrás cuando barajaron los nombres de otros dirigentes como posibles candidatos. La dirección provincial del PP considera zanjado ese asunto desde que intervino la dirección nacional para ratificar a Ripoll.