Los abogados de la defensa del caso Caja Alcoy mantienen que en el proceso ha habido «una dilación indebida»

Los abogados defensores en el juicio por la presunta quiebra fraudulenta de Caja Alcoy, que quedó hoy visto para sentencia en la Audiencia de Alicante, coincidieron en esta jornada en señalar que durante el desarrollo del proceso existió «una dilación indebida».

EUROPA PRESS En este sentido, durante la undécima y última sesión de la vista, el abogado defensor de Ángel L.C. y Mercedes L.C., Marcos García Montes, remarcó que ha existido en este proceso "una dilación indebida" y tras citar una sentencia del Tribunal Supremo, apeló al principio de "la aplicación de la ley con igualdad" para reclamar que en este caso también se declare la existencia de una dilación indebida.

Sobre esta cuestión también se pronunció Jorge Blanes, el abogado de Miguel R.B., Silvio C.A. y Juan G. M., al decir que "la causa penal no era ni ha sido nada compleja porque ya había causas civiles" previas. De esta forma replicaba a la acusación particular que ayer descartó la existencia de dilación indebida "dada la complejidad del caso".

Blanes añadió que sí que se ha producido puesto que la querella se interpuso en el año 2000 cuando la legislación de 1995 ya permitía que hubiera una causa civil y penal al mismo tiempo, por lo que consideró que si no hubo querella cinco años antes fue "porque no se quiso". El resto de abogados defensores se adhirieron a los argumentos expuestos.

Por otra parte, durante la lectura de su informe de conclusiones Marcos García Montes apuntó que este caso se corresponde con "una confabulación entre unas personas -- en alusión a los síndicos y a la asociación de afectados-- que se repartieron todo, son los querellantes, formaron la asociación de afectados y repartieron el 18 por ciento a su parecer".

En este sentido, García Montes recordó que el comisario de la quiebra dedicó "24.000 euros de la provisión de fondos a un abogado, que era amigo suyo," para que llevara el tema de los sueldos impagados por la caja y lo que tenía que haber hecho es acudir "al fondo de garantías" para resolver ese tema.

Este letrado también apuntó que, durante la gestión de los síndicos, la deuda de la entidad financiera con la Seguridad Social aumentó "en un 300 por ciento". Además, Montes añadió que, en su opinión, los síndicos llevaban una "doble contabilidad", la suya propia y la de "sus amiguetes".

Por otra parte, sobre su defendida Mercedes L.C., subdirectora de la caja, manifestó que ella "no concedió ningún préstamo" sino que "simplemente comparecía a la firma" de los préstamos y a su juicio, esto "es una práctica habitual en todos los bancos". Todavía refiriéndose a la misma persona, García Montes recordó a la sala que "cuando se produjo la quiebra" de la entidad financiera "la vía concursal excluyó a Mercedes L.C.".

En cuanto a su otro defendido, Ángel L.C., miembro del consejo rector, Montes destacó que "si se comparece ante un consejo rector con las operaciones terminadas y entregadas, --en relación con los préstamos de hasta 72.000 euros que el director general de la caja podía conceder sin autorización del consejo-- qué podía hacer el propio consejo rector" al respecto.

García Montes calificó de "impugnables" las pruebas periciales ya que "deben comparecer todos los peritos en el juicio", sin embargo en este caso hay peritos que "no han comparecido".



El abogado de Miguel R.B., Silvio C.A., Juan G. M., Jorge Blanes señaló además que la acusación particular y el fiscal consideran que "la responsabilidad civil es igual a la morosidad menos lo que se ha recuperado, la insolvencia punible está por ver", haciendo alusión a las palabras que el abogado de Jesús L.F. y Jesús L.L., Manuel Maza, utilizó ayer al decir que "la suspensión de pagos no se hizo necesaria por falta de liquidez", ya que "el activo era superior al pasivo", sino que se hizo necesaria por "la noticia" publicada en un periódico que alarmó a la gente.

Por su parte, Consuelo Esteve Merín, representante legal de María R.L., indicó que su defendida "presidía el consejo rector por tener mucho dinero en la caja". Además, destacó que María R.L. era "una ama de casa sin experiencia en las finanzas". La letrada afirmó también que el consejo rector "ni conocía, ni desconfiaba, ni tenía motivos para desconfiar" de la marcha de la caja.

Por último, intervino Lucina Rodríguez Boronat, letrada de Jorge R.B. y José B.G., que alegó "la vulneración del principio acusatorio" ya que "desde el principio no se sabe qué delito y qué grado de participación se le imputa a sus defendidos".

Durante el turno en el que el reo puede decir la última palabra, el director general de la Caja de Alcoy, Jesús L.F., manifestó que "si la caja llegó a la suspensión de pagos fue por la noticia que salió publicada en un periódico" puesto que "las auditorías estaban perfectas", Por otro lado, su hijo, J.L.L. pidió a la sala "que se impartiera justicia". El resto de los acusados no quisieron hacer uso del derecho de la última palabra.