Piden la absolución de directivos de Caja Alcoy mientras los afectados les acusan de beneficio propio

El letrado de los afectados por la quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoy Luis Ferrer ha concluido hoy que los responsables de esta entidad actuaron «en beneficio propio», si bien esta valoración ha sido rechazada por el abogado de éstos, para quienes ha solicitado la libre absolución.

EFE Estas han sido algunas de las consideraciones que los letrados tanto de los afectados como de dos de los acusados han elevado hoy en sus respectivos informes finales en el marco de la décima sesión de este juicio.

La quiebra fraudulenta de esta entidad afectó a más de 1.500 ahorradores por un montante de 3,7 millones de euros.

A lo largo de su exposición, Ferrer ha manifestado que la crisis económica de la entidad estuvo provocada por el "mal hacer" de sus responsables, a quienes ha acusado de actuar "en beneficio propio" y de forma dolosa.

Además, ha expuesto que el ex director general, Jesús Llopis Ferrer, y la ex subdirectora, Mercedes Candela Llopis, "blindaron" su actividad con un acuerdo que recogía retribuciones superiores al salario medio del sector y al pago de quince veces el sueldo de un año en caso de despido injustificado.

En su intervención jurídica, Ferrer ha subrayado la "actuación completamente irregular y consciente" de Llopis Ferrer, quien "dispuso del dinero de los impositores en beneficio propio, de sus familiares y amigos" y para quien la Caja "era su reino y donde actuaba como creía conveniente".

En cuanto a Candela Llopis, ha afirmado que ésta, como subdirectora, tenía "exactamente" los mismos poderes que el ex director general y que no estaban supeditados "el uno al otro", por lo que ha rechazado la declaración prestada por ésta, quien aseguró que "no sabía absolutamente nada, no intervenía y firmaba lo que su tío quería".

Respecto al ex director de la sucursal e hijo del anterior, Jesús Lidiano Llopis Jordá Ferrer -beneficiario de tres préstamos-, ha indicado que su posición no es de un mero cómplice sino "copartícipe o coautor" y lo ha acusado de "levantar bienes en connivencia con su padre".

A juicio del abogado de los afectado, Llopis Ferrer, Candela Llopis y todos los miembros del consejo rector estaban "al tanto de lo mal que funcionaba la Caja", de las pérdidas y de los informes negativos del Banco de España, puesto que en las actas de las juntas se refleja la lectura de documentos al respecto.

"Todos actuaron de la forma dolosa descrita causando perjuicio a muchas personas y por una gran cantidad de dinero", ha insistido el letrado, quien ha rechazado la consideración de la atenuante de dilaciones indebidas.

El fiscal pide seis años de prisión para cinco de los acusados por un delito de insolvencia punible y la acusación particular solicita seis años de cárcel para los diez acusados por el mismo delito y un año más para cuatro de ellos por apropiación indebida.

Sin embargo, el abogado de los acusados Llopis Ferrer y Llopis Jordá, Manuel Maza, ha subrayado en su informe oral que ninguno de sus dos clientes cometió delito penal alguno, por lo que deben ser absueltos.

Respecto a Llopis Jordá, Maza ha pedido la prescripción del delito de insolvencia por haber transcurrido más de cinco años desde los hechos hasta la presentación de la querella, si bien ha destacado que no se le puede atribuir el delito porque su función era de director de la sucursal y no tenía poderes.

También ha pedido la prescripción de los hechos anteriores a 1990 para Llopis Ferrer, a quien ha descrito como "un idealista que hizo la Caja por orgullo propio y le ha costado su propio dinero".

El abogado defensor ha negado la existencia de balances maquillados o créditos sin suficientes garantías algo que, en su opinión, es falso y no ha sido acreditado por la acusación, y ha rechazado que se concedieran préstamos para cubrir otros anteriores porque, ha asegurado, se otorgaban una vez cancelados.