Los peritos achacan la crisis de Caja de Alcoy a los créditos sin garantías

M. CANDELA L


os expertos contables que controlaron la Caja de Crédito de Alcoy durante la suspensión de pagos y la quiebra atribuyeron la crisis, sin duda alguna a las "facilidades" en la concesión de créditos con "insuficiencia de garantías" y a la "concentración de riesgos en determinadas personas y grupos". La comparecencia de los cuatro peritos marcó la octava sesión del juicio en la Audiencia de Alicante y no se dio por terminada, sino que continuará en el día de hoy.
Los dos interventores y síndicos -José Francés, Mario Brotons, Rafael J. Rodes y José Reig- expusieron a preguntas del fiscal y la acusación particular su convencimiento, ya expresado en informes que fueron básicos para la catalogación de la quiebra como fraudulenta, de que "las facilidades en la concesión de créditos con insuficiencia de garantías, que no se podían cobrar, y la concesión de créditos en determinadas personas y grupos" fueron la causa inequívoca de la quiebra. También cuestionaron los balances presentadas por la dirección de la Caja de Alcoy, con especial referencia a que no se llevaron libros contables en 1993 y 1994, cuando los directivos todavía se ocupaban de la gestión durante la suspensión de pagos.
En concreto, significaron que si la Caja de Alcoy adujo para la suspensión un activo de 649 millones de pesetas y unas deudas de 46,9 millones, los interventores constataron que la primera cifra se reducía a 264 millones y la segunda aumentaba a 400 millones de pesetas. Estos balances definitivos acabaron propiciando la declaración de la quiebra.
Sobre operaciones concretas, y a preguntas del fiscal, corroboraron que el hijo del director y responsable de la sucursal mantenía unas deudas de 23,1 millones de pesetas, y recalcaron que no pagó los créditos que se renovaban. El propio interesado, Jesús Lidiano Llopis, había manifestado que devolvió los préstamos, aunque alegó no disponer de los justificantes. "Era práctica habitual dar un crédito, no pagarlo y conceder otro mayor para cubrir el anterior. Ese fue el problema grave de la Caja de Alcoy", manifestaron. También relataron que el citado extrajo 875.000 pesetas en efectivo en la víspera de la suspensión de pagos.
También se analizaron otras operaciones de personas vinculadas familiar o societariamente con los directivos de la Caja de Alcoy, destacándose la aprobación de préstamos por 15,6 millones de pesetas a un empresario tras la aportación de "un balance escrito en un folio en blanco". Los contratos con miembros de una familia que llegaron a alcanzar los 90 millones de pesetas, mediante el aval de 3 viviendas valoradas en 22 millones de pesetas fueron consideradas como "no razonables" por los peritos. Los préstamos formalizados a Tarrac, SL y directivos de la firma fueron catalogados como "incomprensibles", en el marco de una operación que "nos deja perplejos", aseguraron, ya que ocasionaron un grave perjuicio a la Caja de Alcoy. Uno de los letrados de la defensa expondría más tarde que se benefició Tarrac y no Proaltea, integrada por miembros de la dirección de la entidad. Otro -concretamente el conocido abogado Marcos García Montes- significó ante el tribunal que los titulares de Proaltea disponían de fondos para cubrir los pagarés, y que si no se materializó fue por la suspensión de pagos.
Como se ha venido informando, Tarrac efectuó un descuento con Proaltea a través de la Caja de Alcoy, que se formalizó mediante cheques inferiores a 500.000 pesetas, que "no sabíamos dónde habían ido a parar". Sin embargo, los expertos revelaron que uno de los cheques sí había sido encontrado en poder de la subdirectora general, Mercedes Llopis.
Por otro lado, durante el turno de la acusación, se desveló por los técnicos que estos pagarés no fueron computados por la Caja de Alcoy como deudas sino como impagados en una cuenta general, que servía para abonar talones que no se cobraban y se devolvían, y luego se hacían otros para cubrir las deudas. Esta cuenta tuvo un movimiento de 1.734 millones de pesetas entre enero y julio de 1993.
Sobre los expedientes que se ha señalado en el juicio que faltan, los interventores y síndicos manifestaron que se ha aportado toda la documentación que se halló en la ocupación de la entidad.

Blindaje de la dirección

En la sesión de ayer, además, los técnicos significaron que los directivos de la Caja de Crédito de Alcoy disponían de un blindaje salarial, que fue retirado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Las defensas, entre otras cuestiones interrogaron a los síndicos e interventores sobre el pago de los salarios a trabajadores y directivos, que finalmente se materializaron por resolución judicial. Los técnicos aseguraron que la legislación vigente impedía efectuar pagos tras la suspensión, por lo que se tuvo que contratar a un letrado. Las defensas incidieron en que había una deuda salarial con los empleados de dos millones de pesetas y que se abonaron cuatro por provisión de fondos a un abogado de Alcoy. También resaltaron que se debían cinco millones de pesetas a la Seguridad Social y que se acabaron pagando más de 15 millones.