Los vecinos de Gormaig piden la instalación de cámaras para evitar robos en la urbanización

EFE La Asociación de Vecinos de la urbanización Gormaig, en Cocentaina, pedirá la próxima semana a la Subdelegación del Gobierno la instalación de cámaras de control fijas como medida disuasoria para evitar los asaltos, atracos y robos que se producen en esa zona. Así lo ha anunciado el presidente del colectivo vecinal, José Manuel Rico, quien ha afirmado que la solicitud cuenta con un escrito favorable por parte del Ayuntamiento y del alcalde del municipio, Rafael Briet.
El regidor apoya la iniciativa vecinal ante "la falta de seguridad" que, en los dos últimos meses, se ha visto agravada por varios asaltos a chalés.
Según el presidente del colectivo vecinal, "la imposibilidad" de disponer de seguridad privada ha propiciado que los vecinos busquen soluciones alternativas, amparándose en la Ley de Seguridad de 1997, que prevé la instalación de cámaras de vigilancia fijas controladas por organismos oficiales, como la Policía o el Ayuntamiento. Esas medidas disuasorias sí están permitidas por la Ley, aunque, según Rico, para su definitiva instalación se debe contar con la autorización de la Subdelegación del Gobierno.
"También hay que cumplir una serie de requisitos, como la colocación de paneles informativos que indiquen que hay instaladas cámaras de vigilancia en ese lugar, aunque no se precise su ubicación concreta", ha señalado.
Hasta que esta medida quede aprobada por la Subdelegación del Gobierno, Rico ha explicado que los vecinos acordaron con el Ayuntamiento la peatonalización de uno de los dos accesos de la urbanización.
Este acceso, ha concretado el presidente del colectivo vecinal, quedará cerrado al tráfico desde las 22.00 horas hasta las 07.00 horas del día siguiente.
La misma fuente ha recordado que, con anterioridad a esta última solicitud ante la Subdelegación del Gobierno para aumentar la seguridad en la urbanización, los vecinos demandaron en 1991 que se les autorizara cerrar el acceso de la urbanización a toda persona ajena a ella e instalar controladores nocturnos y cámaras.
Sin embargo, esta petición fue denegada por considerar la Administración que las medidas disuasorias propuestas no estaban autorizadas para una urbanización enclavada en suelo público.