El PP niega las irregularidades en el plan para las viviendas de Santa Lucía

A. TERUEL El primer teniente de alcalde de Ibi y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera, negó ayer que hayan existido irregularidades en el polémico proyecto de 67 viviendas al pie del cerro de Santa Lucía, al tiempo que acusó a la oposición de "manipular" a la opinión pública con este tema. Según dijo, el solar previsto para la ubicación de las casas "no está afecto a la declaración de Bien de Interés Cultural" que tiene la ermita que corona la montaña, dado que "el perímetro de protección es de un radio de 100 metros". Asimismo, esgrimió que la firma del convenio con la promotora, posterior a la licencia de obras, "interrumpe los plazos", por lo que el permiso no habría caducado el 18 de enero.
Pese a estos argumentos, que Agüera no citó en el polémico del lunes, el portavoz del PP indicó que mantiene su compromiso de impedir que las obras se lleven finalmente a cabo. Por ello, está previsto que hoy mismo se reúna con representantes de la constructora para "estudiar una compensación" en forma de dinero o terrenos. Mientras tanto, los trabajos continúan parados.
Por su parte, el portavoz de EU, José Vicente Verdú, se mostró satisfecho de que Agüera "viera que esto se debe parar". Sin embargo, insistió en que la licencia concedida va "en contra de la Ley de Patrimonio", por lo que consideró que debería anularse sin más. Recalcó también que "es un problema de todos los vecinos de Ibi", dada la singularidad del paraje de Santa Lucía. Por esta razón, aseveró que en todo momento vigilará que el anuncio del PP "no sea flor de un día" y realmente se pare "el mayor atentado contra el patrimonio de Ibi" desde la llegada de la democracia.
También el líder del PSOE, Antonio Martos, manifestó que su grupo estará "a la expectativa" de lo que ocurra, ya que "hay cuestiones nada claras" en el proyecto. El edil recriminó al PP que "culpe a los socialistas de todo lo que pasa en Ibi", en alusión a que el Plan General se aprobó bajo su gobierno. Martos recordó que los populares lo apoyaron, con lo que ahora deben "asumir todas las consecuencias". En todo caso, apostilló, "es un documento que se puede modificar" en cualquier momento, algo que también se podría aplicar "en la finca Barberá".