El Ministerio de Economía sancionó al técnico que auditó la Caja de Alcoy

M. CANDELA E
l responsable de las últimas auditorías contables de la Caja de Crédito de Alcoy fue sancionado por un organismo del Ministerio de Economía y Hacienda, precisamente por uno de los informes en los que dictaminaba que las cuentas de la entidad eran "correctas" y tenía una "solvencia adecuada", según se puso de manifiesto ayer en la Audiencia de Alicante en la séptima sesión del juicio por la quiebra.
La comparecencia de Manuel Crespí Valldaura, técnico que elaboró las auditorías de la Caja de Crédito de Alcoy de 1990, 1991 y 1992 -la última antes de la crisis- marcó la jornada y el inicio de la prueba pericial, que continuará en el día de hoy. Valldaura fue contundente en su testimonio al manifestar que todo estaba bien en la entidad, incluso en la auditoría que hizo y entregó en enero de 1993, meses antes de que la Caja de Alcoy suspendiera pagos.
El experto contable expuso de entrada que todas las cuentas de la Caja de Alcoy eran impecables, hasta el punto que las auditorías se aprobaban "sin salvedades". Crespí Valldaura manifestó que "no había ningún problema contable. Todo era correcto y el índice de solvencia, adecuado". Sobre este último punto llegó a matizar que estaba "por encima de la media". En cuanto a los préstamos, recalcó que cumplían la normativa vigente en lo relativo a avales y garantías. "Era la parte más importante de la auditoría", dijo, para agregar que los avales eran los adecuados, así como las garantías hipotecarias. "Todo pasaba por corredores de comercio, con garantías personales e hipotecas", señaló.
En otro momento y al igual que otros testigos, cuestionó la actividad del Banco de España, asegurando que "no estaba conforme con las auditorías" y le solicitó una revisión de los papeles, intentando "influir" en sus conclusiones. "Pedía provisiones complementarias, no necesarias", agregó, para añadir que de haber accedido, habría afectado "al riesgo de solvencia de la Caja de Alcoy".
El tono de la comparecencia cambió radicalmente con los interrogatorios del fiscal José Antonio Romero y el acusador particular. El primero preguntó al auditor por qué no reflejó que los libros de comercio estaban sin legalizar en 1992, extremo que no no recordaba. Acto seguido Romero le abordó sobre los créditos concedidos al hijo del director general y responsable de la sucursal. El técnico respondió que "los préstamos se renovaban porque se pagaban. Esto es una práctica habitual".
Además, Crespí Valldaura significó que "la muestra de préstamos con que trabajaba es muy amplia", superando el 60% del total. Este alto porcentaje le permitió responder que "Sí, sí. Estaba todo correcto", con referencia a la política de créditos de la Caja de Crédito de Alcoy.
La última pregunta del fiscal fue si había sido sancionado por el Banco de España contestó que "no", pero luego, a requerimiento de la acusación, admitió haber sido sancionado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, precisamente por una de estas auditorías, aunque dijo que era una amonestación.
La acusación particular indicó discrepancias en las auditorías, señalando que en 1991 se asignaron 21 millones de pesetas a los fondos obligatorios para insolvencias, cifra que en 1992 bajó a 0 ó a 6,3 millones de pesetas, según anotaciones distintas. El auditor insistió en que "los fondos de insolvencia eran correctos, lo comprobé", pero ante la persistencia del acusador y en un momento de alta tensión, argumentó que tendría que volver a hacer la auditoría. El presidente del tribunal le hizo callar e incidió en la existencia de la contradicción.
También se apuntó la falta de referencias hacia la elevada concentración de riesgos en algunos clientes, pero Crespí aseguró que "estaban al corriente de pago y los demás, cubiertos". Sobre las anomalías detectadas por el Banco de España, que derivaron en una sanción, el técnico dijo que no las reflejó porque "no serían significativas".

Un testigo fallecido y otro ilocalizable

La séptima sesión debía haber incluido la comparecencia de hasta siete testigos, pero al final solamente lo hicieron dos, por motivos de muy diversa índole. De hecho, se anunció al principio por parte del presidente Mira Perceval que uno de los testigos citados había fallecido, extremo que se hizo constar en las actas para justificar la inasistencia. Además, la defensa que lo había pedido había descartado la presencia del administrador de la empresa Tarrac, SL, cuyo testimonio habría podido ser interesante de cara a esclarecer las cuestiones inmobiliarias de una sociedad propiedad de los directivos de la Caja de Alcoy. También se encontraron todas las partes con que uno de los testigos no había podido ser localizado en modo alguno, por lo que tampoco compareció; la defensa implicada solicitó a la sala que persistiera en los intentos para hallarlo, por si pudiera personarse antes de la conclusión del juicio, al considerarse importante su testimonio. Por último, el arquitecto que sí declaró contestó negativamente a la pregunta ritual de si sabía por qué estaba convocado; manifestó que una abogada le había puesto al tanto de manera aproximada, justo a la entrada a la vista oral. La presencia de estos declarantes, de cualquier manera, significó el cierre de la prueba testifical. En teoría la parte pericial debía comenzar hoy, pero el auditor estaba citado para ayer y no podía comparecer en las dos jornadas sucesivas -como así se le pidió- porque tenía programado un viaje.