M. CANDELA
U
n arquitecto manifestó ayer ante el tribunal que en 1992 redactó un proyecto para edificar 19 viviendas adosadas en una parcela de la población de Agost, afirmación que acentúa la tesis de las defensas de que la promotora Proaltea -creada por directivos de la Caja de Crédito de Alcoy- iba a construir y que si no lo hizo fue por la quiebra.
La parte final de la prueba testifical estuvo configurada por dos testimonios que ahondaron en las relaciones entre Proaltea y la Caja de Crédito de Alcoy, que según la acusación resultó perjudicada por su causa. Si días atrás declaró el representante de una empresa de estructuras, que incluso montó una grúa en la parcela de Agost, ayer lo hizo el de otra a la que se le encargó el presupuesto de construcción.
En concreto, Saturio Cuenta, de Bomilk SL, admitió, tras exhibírsele los documentos, que Proaltea le encargó un presupuesto, aunque afirmó no recordar qué persona lo hizo de manera concreta. De acuerdo con su experiencia, declaró que lo habitual es que un encargo de este tipo se formalice cuando ya existe un proyecto técnico.
Instantes después, depuso Rubén Suñe, arquitecto, que también necesitó que se le mostrara el contrato para recordar -"han pasado 17 años", dijo"- que Proaltea le encargó un proyecto de construcción de 19 viviendas adosadas en Agost. Esta actuación se iba a realizar en una parcela en la que había una fábrica de cerámica antigua, pero posteriormente dijo desconocer si la obra se llegó salió adelante.
Con estos dos testimonios, según las informaciones recabadas, las defensas quieren mostrar ante el tribunal que Proaltea tenía proyectos de edificación en curso, que no acabaron materializándose porque la Caja de Crédito de Alcoy está en crisis.
Hay que recordar que tanto el fiscal como la acusación particular imputan a la dirección de la Caja de Alcoy y a dos miembros del consejo rector por algunas operaciones vinculadas con Proaltea, especialmente las relacionadas con la empresa Tarrac, SL. Esta mercantil y sus socios mantienen deudas con la Caja de Alcoy por un importe cercano a los 50 millones de pesetas, e incluso llegaron a descontar efectos que fueron aceptados por Proaltea, aunque sólo se cobró uno.
El fiscal, por último, acusa a dos miembros del consejo rector exclusivamente por estas operación, tal y como se ha venido informando.
El tribunal trata de agilizar la marcha del juicio oral
La sala había previsto para hoy y mañana la prueba pericial, y para los tres días de la próxima semana las conclusiones definitivas e informes. Sin embargo, la intención de todas las partes es desarrollar exclusivamente en la jornada de hoy la pericial, aunque sea maratoniana y se prolongue por la tarde. De materializarse esta intención, la parte de conclusiones empezaría el mismo jueves, lo que incluso podría permitir que el juicio oral acabara antes de la fecha prevista del 14 de febrero.
