L

a cuestión no es baladí, pues el alcance de una hipotética pena y la responsabilidad civil dependerían del montante final del "agujero" de la Caja de Crédito de Alcoy. De ahí que las defensas estén intentando probar que los 200 millones de pesetas que una parte importante de los afectados cobró a finales de 1994 son una parte de los depósitos de la entidad, por lo que deben descontarse; los impositores, por su parte, defienden que se trató de una "ayuda social" que la Generalitat Valenciana les entregó por la pérdida de sus ahorros.

La comparecencia de los testigos de la acusación particular, en su totalidad antiguos clientes de la quebrada entidad financiera, ha estado marcada por los testimonios humanos y, sobre todo, por un debate en torno a la ayuda de la Generalitat, materializada a través del Instituto Valenciano de Finanzas. Todos los impositores han declarado que percibieron recientemente el 18% de sus ahorros, merced a la labor de recuperación de los créditos de la entidad, pero desvincularon de esto la citada subvención.

De manera unánime, han depuesto ante el tribunal que se trató de una "ayuda social" que percibieron "a título individual" muchos afectados, pero que no fue colectiva. El porcentaje, aunque se han dicho varios, fue en realidad del del 42%, descontado un 4% que fue para cubrir los gastos y los honorarios de los abogados. Uno de los primeros testigos, Lucas López, afirmó que ese dinero fue porque se habían perdido "los ahorros de toda la vida. Nos quedamos en la miseria, prácticamente". Testimonios con características muy similares se han sucedido durante las últimas cuatro sesiones del juicio en la Audiencia de Alicante.

Desde las defensas, especialmente la del antiguo director general de la Caja de Crédito, se está tratando de probar sin embargo que este dinero fue una subvención directa de la Generalitat a los antiguos impositores, por lo que en realidad éstos habrían recuperado un 18% y un 42%, lo que supondría un 60% del total. "¡Ya lo querrían para sí los acreedores de cualquier suspensión de pagos!", exclamó uno de los letrados de la defensa.

De hecho, desde el propio tribunal, presidido por el magistrado José Daniel Mira Perceval, se ha hecho hincapié en este tema, terciando en alguno de los debates. El propio presidente comentó al respecto "se valorará en su momento", lo que apunta a que la sentencia incluirá algún tipo de resolución sobre esta cuestión.

El antiguo abogado de la Caja de Crédito de Alcoy, José Bonet Bataller, manifestó el pasado jueves durante su comparecencia como testigo que este dinero fue fruto de "una subvención de la Conselleria", que se otorgó, entre otras razones, gracias a que la propia entidad desistió de su oposición a la quiebra, que finalmente sería aprobada y declarada como fraudulenta.

Esta aportación económica, independientemente de los aspectos vinculados con el proceso judicial, fue concedida su momento por el IVF, tras un laborioso proceso de negociación, debido a que la Caja de Crédito de Alcoy no estaba acogida al Fondo de Garantía de Depósitos del Banco de España. Como han manifestado diferentes impositores durante el juicio, se pensaba que la entidad era "un banco como cualquier otro", sin conocer que se trataba de una cooperativa de crédito, en este caso no obligada a estar vinculada al Banco de España.

La vista oral se reanuda el próximo martes, con la presencia de nuevos testigos, abordándose así la tercera y penúltima semana.