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osé Bonet Bataller, abogado que fuera asesor legal de la Caja de Crédito de Alcoy, responsabilizó ayer en el juicio en la Audiencia al Banco de España de la quiebra de la entidad financiera, y aseguró que sin su intervención ésta "se habría podido salvar". El letrado también tuvo palabras duras para el Ayuntamiento de Alcoy de la época, del que dijo "no hizo nada por salvar la Caja de Crédito".
El abogado fue interrogado como testigo por varias defensas y reveló algunos aspectos esclarecedores del devenir de la Caja de Crédito. Así, contó que tras la difusión de que el Banco de España la investigaba "yo aconsejé que se presentara la suspensión de pagos de inmediato", a fin de evitar que "los más espabilados vinieran a sacar su dinero y los de los plazos fijos se quedaran en la luna de Valencia. Se trataba de defender a los afectados y que todos tuvieran las mismas oportunidades. Por eso trabajé toda la noche para presentarla".
A la salida de la comparecencia, Bonet -todavía recuperándose de un atropello que sufrió en pleno centro en Alcoy- ahondó en esta cuestión afirmando que "la actuación del Banco de España precipitó la crisis, porque luego se archivó la denuncia. De otro modo, a lo mejor la Caja se habría podido salver cambiando la directiva y el consejo de administración, y si hubiera tenido el apoyo del Ayuntamiento, que no hizo nada en absoluto por salvarla". A la hora de analizar la labor del Banco de España, dijo que "nunca le gustó" que la Comunidad Valenciana "pudiera autorizar las cooperativas de crédito. La Caja de Alcoy fue la primera y no quería que esto se prodigara".
Con respecto a su actuación, el letrado Bonet admitió en sus respuestas que, tras consultarlo con el director, "desistió" de oponerse a la declaración de quiebra, en virtud de un acuerdo con el representante de los acreedores, el abogado Moisés Vicéns. "Nos comprometimos a buscar ayudas y oficiales y a conseguir gente que pudiera comprar la Caja de Alcoy. Encontes, cesó en la oposición y trabajé para sacarlo todo adelante", afirmó. Tras la sesión, incidió en que "la ficha bancaria valía mucho dinero" y por ello había posibilidades de conseguir "500 millones de pesetas" con la venta, pero los contactos no cuajaron por el "lío" generado.
Más adelante, al abogado refirió que se ocupaba del cobro a los morosos y de acudir a "casi todas" las sesiones del consejo rector, en las que comprobaba que "los acuerdos eran ajustados a derecho y a los estatutos". También manifestó, con respecto a las auditorías, que "avalaron la gestión de la Caja de Alcoy hasta última hora", y sobre los interventores judiciales, que "hicieron su labor, llevaron el control de la Caja de Alcoy y el juzgado aprobó su labor". No obstante, matizó que hubo "una parálisis de tres o cuatro años en que no se reclamaron créditos", es decir, dinero que se adeudaba a la entidad, que tenía bastante por recuperar, pero afirmó desconocer los motivos.
Las atribuciones y cometido del consejo rector centraron la última fase de su declaración. Tras significar que las sesiones y el orden del día los preparaba el director, explicó alguno de sus miembros más destacados -como María del Carmen Raduán, que fue captada por ser "la mejor clienta"- carecían de conocimientos para "controlar las cuentas" por lo que "se fiaba de los técnicos". Sobre el expediente del Banco de España a la Caja de Alcoy, la dirección y todo el consejo, dijo que este órgano rector conoció el informe que señalaba hasta ocho motivos de sanción, como ya se explicó en la primera sesión del juicio.
Más adelante, a preguntas de la acusación, afirmó no recordar si algún miembro del consejo rector había pedido explicaciones al consejo rector tras la señalarse irregularidades, a la vez que hizo hincapié en que su cometido no era "para nada asesorar en operaciones de crédito, ya que había un técnico". Sobre si el consejo se preocupaba del contenido de los balances, afirmó que "no tenía capacidad para pensar en estas cosas y confiaba en el director", concluyó no sin antes relatar que acudió a la mayor parte de las reuniones con el Banco de España.
En la jornada también comparecieron la última testigo de la acusación, Aurora Herrero, a la que se formularon sólo dos preguntas, y el representante legal de una constructora de Ibi que iba a erigir viviendas para Proaltea, pero la crisis lo impidió.
La sala rechaza que Consuelo Moltó vaya como síndica
La sala, por otro lado, comunicó al principio de la sesión su decisión de que María Consuelo Moltó no comparezca para declarar como síndica, tras haberlo hecho ya como testigo. El presidente del tribunal, José Daniel Mira Perceval, justificó el acuerdo para eximirla en que su presencia "no aportará ningún dato técnico o científico", debido a que ya declaró que "firmó la quiebra fraudulenta por consejo de los técnicos". Hay que recordar que la acusación particular y el fiscal habían desistido de su presencia, pero todas las defensas habían reivindicado su asistencia. La vista oral, que ha alcanzado su ecuador, se reanudará el martes con la comparecencia de nuevos testigos. Martes y miércoles se desarrollará la prueba pericial, con los técnicos financieros.
