M. CANDELA
L
a defensa de la Caja de Crédito de Alcoy, especialmente la del director general Jesús Llopis, está aprovechando el interrogatorio a los antiguos clientes de la entidad para tratar de acreditar que no hubo una política crediticia incorrecta; es decir, que la concesión de préstamos irregulares puede ser muy limitada, algo que en cierto modo anticipa las conclusiones que se verán en las últimas sesiones del juicio.
La cuarta jornada de la vista oral por la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy estuvo centrada en la declaración de los testigos de la acusación particular, en concreto antiguos clientes de la entidad financiera. En principio debían manifestar ante el tribunal nueve, pero al final sólo lo hicieron seis, al haberse decidido renunciar por la defensa a los tres restantes, que por ello no comparecieron.
La sesión se inició con una petición de una de las defensas para que se incluyera una cuestión sobre la aportación de la Generalitat Valenciana a los afectados, pero el tribunal lo desestimó al considerar que ya figura en autos. Seguidamente, se procedió al interrogatorio de los testigos, que se prolongaría durante toda la sesión.
Un punto en común en todas las comparecencias de los afectados estriba en la cuestión de los créditos de la institución. Desde el primer momento, una de las defensas pregunta a los afectados si tenían algún crédito concedido por la Caja de Alcoy, a lo que todos han contestado de forma negativa por el momento.
Sin embargo, en la sesión de ayer uno de los letrados fue más lejos y preguntó a algunos antiguos clientes si tenían constancia de que la entidad favorecía la concesión de créditos o hipotecas sin las debidas garantías, o hacía operaciones arriesgadas, una cuestión que acabó provocando la intervención del presidente del tribunal, que alegó que los impositores no tenían por qué saber estas cosas. "Teníamos confianza en la solvencia de la entidad", manfiestó Pilar Ortiz, una de las declarantes.
Con esta estrategia, desde alguna defensa y muy especialmente de la del antiguo director general Jesús Llopis se está tratando de acreditar que la entidad no concedía créditos sin garantías de manera generalizada. Esto puede estar encaminado a tratar de centrar las irregularidades de la Caja de Alcoy en algunas operaciones muy concretas, lo que, en caso de condena, limitaría el alcance de las penas de cárcel al haberse reducido el agujero, según han señalado las fuentes consultadas por este diario. Todo apunta a que en los próximos días los interrogatorios serán similares.
Hay que recordar que la acusación a los antiguos directivos por un delito de insolvencia punible (quiebra fraudulenta); se fundamenta en una serie de créditos y operaciones consideradas irregulares, y que pudieron beneficiar a personas allegadas a la cúpula de la Caja de Alcoy. Estas mismas apreciaciones fueron las que acabaron provocando que la quiebra fuese declarada por la Audiencia como fraudulenta en el año 1999, una sentencia que posibilitó la apertura del proceso penal actualmente en curso.
La cuestión de cuánto dinero han recuperado los antiguos clientes también volvió a ser objeto de estudio en el transcurso de los interrogatorios, como viene ocurriendo desde el principio de las comparecencias. Hay que significar que en la jornada de ayer compareció Lucas López -al igual que su esposa Concha Moral- los cuales, como publicó este diario, retiraron su dinero de la Caja de Crédito de Alcoy en las vísperas de la suspensión de pagos, pero días más tarde otra entidad bancaria se lo devolvió aduciendo que esta entidad carecía de fondos. Sin embargo, ninguno de los dos fueron preguntados por esta cuestión.
Esta mañana, por último, tendrá lugar la quinta sesión del juicio por la quiebra de la Caja de Alcoy, en la que proseguirá la prueba testifical. Han sido citados siete testigos, pero una de las comparecencias ha sido desestimada, por lo que los declarantes serán seis.
El interventor de la suspensión sólo irá como testigo
Una de las comparecencias más esperadas para esta semana, concretamente para el jueves, era la de José Francés Pérez, que estaba citado por la mayor parte de las defensas en calidad de testigo. Posteriormente, para el día 6 de febrero, había sido convocado como perito por el fiscal y la acusación particular. Su asistencia al juicio es considerada especialmente relevante ya que ocupó el cargo de interventor de la Caja de Crédito de Alcoy durante los dos años que estuvo en situación de suspensión de pagos. El tribunal, sin embargo, manifestó ayer que no podía acudir a la sala en esta doble función de testigo y perito, por lo que expresó su decisión de que lo haga sólo por la segunda función. Asimismo, argumentó que durante su presencia se le podrán formular las preguntas previstas para ambas comparecencias. La declaración de José Francés abrirá una nueva fase de este juicio, ya que precederá a la de los síndicos de la quiebra. Todo apunta a que serán unas sesiones marcadamente económicas en las que se analizará la evolución financiera de la Caja de Crédito y su posterior crisis.
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