Los acusados de Caja de Alcoy desvían su responsabilidad al director general

M. CANDELA T
odos los acusados por la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy han derivado su responsabilidad al director general Jesús Llopis, que a su vez ha resaltado que todas las operaciones financieras eran correctas y ha aludido a una persecución del Banco de España, planteamientos que ha marcado la primera semana del juicio en la Audiencia de Alicante. El proceso se reanudará el martes.
Mientras Jesús Llopis se escudó en maniobras del Banco de España para cerrar la Caja de Alcoy, el resto de directivos -incluido el consejo rector- ha coincidido a la hora de eludir cualquier responsabilidad y desviarla al director general, incluidos sus propios familiares.
Su sobrina y subdirectora general, con "amplios poderes", como señala el fiscal en su escrito de acusación, Mercedes Llopis, fue la primera en desmarcarse. "Él me decía qué tenía que firmar", declaró ante la sala, agregando que su función en la empresa era "técnica y administrativa". También dijo que desconocía "qué garantías se otorgaban para los créditos" y que se fiaba del director general "porque era un profesional".
José Lidiano Llopis, hijo del director general y responsable de la sucursal de la Zona Norte, siguió el mismo camino. "Yo no tenía ningún poder para dar créditos. Los aprobaba la central", manifestó cuando fue preguntado por los créditos, incluso por los que le fueron concedidos a él mismo y que no devolvió, según la acusación; el propio interesado dijo que sí los pagó aunque admitió no tener el resguardo.
Los siete miembros del consejo rector -dos de los cuales están acusados por el fiscal y todos, por la acusación particular- desecharon cualquier vinculación con las operaciones que condujeron a la crisis de la entidad. Todos declararon que el citado órgano sólo ratificaba las operaciones ya aprobadas por el director general y que la información que recibían no incluía detalles de las garantías. Ángel Lidiano Llopis, quien fuera presidente en los últimos tres años, y Juan García expresaron su "confianza" en el máximo responsable y en el abogado de la entidad, por lo que no efectuaban comprobaciones.
Aparte, desde el consejo se resaltó que las auditorías efectuadas sobre la Caja de Crédito habían resultado favorables, lo que no suscitaba sospecha alguna. Tampoco la tuvieron de la suspensión de pagos, ya que un mes antes se les dijo que "todo estaba correcto, perfecto" y fueron informados de la presentación en la tarde del mismo día de la presentación, para que la firmaran. No obstante, se dijo a sus miembros que era una "cuestión técnica" que duraría "unos días".
El fiscal, en su escrito de acusación, critica que el consejo rector "abdicó de sus más elementales funciones y obligaciones", en referencia a sus atribuciones de control del funcionamiento de la entidad financiera.

"Cada uno se va poniendo
en su sitio"

Enrique Rodes, portavoz del colectivo de afectados, ha expresado su satisfacción por el desarrollo de la primera semana del juicio -esperado durante catorce años y medio- afirmando que "cada uno se va poniendo en su sitio. Es bueno que el tribunal vaya percatándose de todas las argucias", en referencia a las operaciones irregulares que motivaron la crisis. "El asunto es complejo ?-agrega- pero tenemos la confianza de que el resultado será favorable para nosotros, dado que las pruebas son abrumadoras". Por último, sostiene que, en contra de las posiciones defendidas, todos los directivos tenían su responsabilidad.