EUROPA PRESS
Durante la tercera jornada del juicio por la presunta quiebra fraudulenta de la entidad, declararon siete de los testigos propuestos por la acusación particular, todos ellos clientes de la entidad que se vieron perjudicados con la quiebra de la caja.
La primera de las personas llamadas a declarar, Catalina L., --quien participó en una investigación más profunda de los documentos de Caja Alcoy llevada a cabo por la junta de acreedores--, explicó en la sesión de hoy que tenía constancia del caso de "al menos una familia" que presentó como aval unos terrenos en l'Alfà del Pi (Alicante); que, en realidad, eran inexistentes lo que no impidió que la caja le concediera "varios millones en préstamo".
Al respecto, en declaraciones realizadas tras la sesión, Catalina L. aclaró que durante el estudio de la documentación, descubrió que en la tramitación de varias hipotecas el aval utilizado fue "un simple papel". En posteriores averiguaciones, se demostró que correspondía a terrenos a nombre de otros propietarios o que estaban construidos con anterioridad. Por ello, aseguró que la mayoría de los créditos aprobados por la caja "no cumplían las garantías".
Tras la vista, Manuel Maza de Ayala, abogado defensor de dos de los principales imputados, --entre ellos el director de Caja de Crédito de Alcoy--, explicó a los periodistas que esos terrenos avalados estaban inscritos en el Registro de la Propiedad, lo que significa que quien solicitó el crédito "aportó documentos que demostraban que era el propietario" de los mismos. Así, resaltó que si los documentos eran falsos, esto supone que "se engañó" al director de la caja.
Por ello, defendió que el director no dio el crédito "por las buenas", sino que "estaba confiado" en la 'fincabilidad hipotecable', --término referido a la existencia de los terrenos mencionados a nombre de quien pide el crédito, y no con una doble inmatriculación como fue el caso, según detalló--.
Por otra parte, Maza de Ayala pidió durante el juicio, apoyado en un escrito que se entregó a la Fiscalía, que se requiera de nuevo al comisario de la quiebra para que aporte los 32 expedientes que faltan y evitar así la anulación de la vista, --como solicitó ayer durante su comparecencia ante la Audiencia Provincial--, ya que según opinó, esos expedientes son "fundamentales" para "poder sacar conclusiones".
En su declaración, los siete testigos coincidieron también en confirmar que hasta ahora han recibido un 18 por ciento de lo que tenían depositado en el banco, 14 años después de que ocurriera la quiebra. En algunos casos, comentaron que en este tiempo también se han podido beneficiar de ayudas de la Generalitat valenciana aquellos que hicieron el reconocimiento de crédito.
Durante la cuarta sesión del juicio, que se celebrará el próximo martes, 29 de enero, continuarán las pruebas testificales, que se prolongarán en los días sucesivos para escuchar el testimonio de otras 22 personas propuestas por la acusación particular.