El Banco de España abrió 8 expedientes a la Caja de Alcoy

M. CANDELA E


l Banco de España tramitó ocho expedientes a la dirección de la Caja de Crédito de Alcoy, que culminaron con una condena de la Audiencia Nacional, por actuaciones irregulares como "falta de veracidad contable", "concentración de riesgos en determinadas familias" o "préstamos a familiares de miembros del consejo", según se reveló durante la segunda jornada del juicio en la Audiencia de Alicante.
El letrado de la acusación particular Luis Ferrer informó durante el interrogatorio al director general de la Caja de Alcoy, Jesús Llopis Ferrer, que la Caja fue controlada de manera exhaustiva por parte del órgano de control que es el Banco de España, lo que derivó en ocho expedientes y una condena de la Audiencia Nacional, por las actuaciones irregulares. Jesús Llopis, no obstante, negó todas las imputaciones remitiéndose incluso a las auditorías.
De hecho, el director general aribuyó en repetidas ocasiones la quiebra de la Caja de Alcoy a la la actuación del Banco de España, que aseguró conspiró en su contra y criticó de manera contundente la actuación de los síndicos. Asimismo, negó en redondo que hubiese otorgado créditos millonarios irregulares, muchos de ellos a familiares y a personas con las que tenía vinculación comercial.
Llopis negó cualquier irregularidad en su gestión y arremetió contra el órgano de control, asegurando que pretendía la desaparición de la Caja de Alcoy. Llegó a afirmar que el Banco de España presionó a los auditores para que cambiaran sus informes y atribuyó la suspensión de pagos a la prohibición de retirada de fondos de entidades bancarias y a una noticia periodística.
A preguntas del fiscal José Antonio Romero y la acusación particular, negó una y otra vez que hubiese aprobado créditos irregulares a familiares y amigos y derivó toda la responsabilidad a los síndicos de la quiebra por no haber gestionado su cobro. También arremetió contra os interventores judiciales y el comisario, a los que acusó de favorecer a sus allegados.
La acusación le señaló que a su hijo Jesús Lidiano Llopis, director de la sucursal, se le concedieron varios préstamos sin haber devuelto los anteriores -uno de ellos, en la víspera de la suspensión de pagos- con una deuda total de 23 millones de pesetas. El director general aseguró que los primeros los había devuelto y que el último no pudo reintegrarlo porque se quedó sin trabajo al cerrar la Caja de Crédito. También negó deficiencias en los préstamos aprobados a un hermano, a su nuera y a diversas personas con que tenía relación comercial, y que obtenían préstamos nuevos sin haber reintegrado los anteriores, como señalaron repetidamente el fiscal y la acusación particular. Llopis replicó que "me lo tienen que enseñar" y que "no era mi estilo si no se cancelaba un crédito, dar otro". Resaltó que sus clientes tenían "buenos informes y moralidad".
Los acusadores incidieron en la alta concentración de créditos y en que no se exigía su cobro, replicando el acusado que los deudores tenían bienes, incluso inmuebles en Alfaç del Pí y Madrid, que se podían incautar y vender. "No teníamos mala fe y la prueba es que nuestro dinero estaba allí. Pensábamos que la suspensión se levantaría y por eso dejamos nuestro dinero", afirmó.
Llopis, en la recta final de su declaración, explicó que la suspensión de pagos se presentó por consejo del abogado y admitió la concesión de un crédito de 28 millones de pesetas a los hijos de la secretaria del director del Banco de España, que no pagaron lo que provocó que se embargara un piso. Fue crítico con las operaciones de los síndicos de la quiebra.

Nueva negativa del tribunal a
un aplazamiento

El tribunal volvió a denegar una petición de suspensión del juicio -solicitada por todas las partes, salvo el fiscal- por la falta de 32 expedientes de los 129 que debería haber entregado previamente el comisario de la quiebra. Manuel Maza, defensor de Llopis, indicó que esta documentación es imprescindible para el desarrollo del juicio. El tribunal efectuó un receso de cinco minutos, tras el cual desveló su decisión de no suspender el juicio argumentando que la carencia era conocida durante la instrucción y nunca se comentó; igualmente, destacó que en estos momentos no se puede determinar si dichos documentos obran en poder del citado comisario.