El juicio de la Caja de Alcoy arranca pese a la petición general de un aplazamiento

M. CANDELA E
l juicio por la crisis de la Caja de Crédito de Alcoy se inició ayer y continuará con total normalidad en los próximos días, al haber rechazado el tribunal una petición unánime de aplazamiento, motivada por la entrega en las misma víspera de unos 4.000 de folios de documentación por parte del comisario de la quiebra. La vista, prevista hasta el próximo 14 de febrero, continuará hoy con la declaración de los diez imputados.
La sección tercera de la Audiencia, con un tribunal presidido por el magistrado José Daniel Mira Perceval, se enfrentó de entrada una petición de aplazamiento, formulada por Manuel Maza, abogado del director general de la Caja, y justificada en que el lunes por la tarde se entregaron 22 carpetas de documentación del comisario de la quiebra, pedidas muchos meses atrás; el pasado día 14 se había informado por teléfono de la recepción de estos papeles.
Manuel Maza solicitó un mes de aplazamiento y obtuvo el respaldo de las demás defensas, del fiscal jefe José Antonio Romero -aunque redujo el plazo a cinco días- e incluso de la representación legal de los afectados. La petición se fundamentaba en evitar la "indefensión" de los acusados, lo que podría implicar futuros recursos al Tribunal Supremo.
Tras 45 minutos de estudio, la sala decidió rechazar la medida al considerar que las partes han tenido 14 años para estudiar los documentos, que han podido hacerlo en los últimos días y asimismo también pueden hacerlo en los próximos, ya que la prueba documental no llega hasta la primera decena de febrero.
Manuel Maza presentó una "enérgica protesta" y adelantó un posible recurso -en caso de condena- ante el Supremo por quebrantamiento de forma. Curiosamente, mientras el representante de los afectados, Enrique Rodes, expresaba su satisfacción al haberse evitado "una nueva dilación", el letrado del colectivo, Luis Ferrer, manifestaba que "puede ser malo para mis defendidos porque pueden tener razón y las instancias superiores podrían dársela", lo que podría implicar una anulación del actual juicio.
Para Manuel Maza, esta prueba es fundamental. "Es el quid de por qué no se ha podido pagar. Justifica la realidad de que ha habido dejación por parte de los síndicos e incluso probablemente por los interventores de la suspensión de pagos de su deber de reclamar los créditos existentes en favor de la Caja y con cuyo producto hubieran cobrado todos, y desgraciadamente muchos han prescrito".
Esta cuestión marcó la primera jornada del juicio, junto a la entrega de una querella presentada en 2004 contra los síndicos de la quiebra, formulada por particular, por causa de una cesión de un crédito hipotecario. Fuentes judiciales han explicado a este diario que la demanda está pendiente de un fallo de la Audiencia, tras un auto de archivo, y que "carece de vinculación alguna con este juicio". No obstante, la sala admitió unir esta demanda al expediente.