La Audiencia inicia mañana el juicio por la quiebra de la Caja de Alcoy

REDACCIÓN Mañana arranca en la Audiencia de Alicante el juicio por la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy, catorce años después que los directivos de la entidad presuntamente cometieran operaciones fraudulentas y un delito de insolvencia punible.
El juicio comenzará a las 10 horas y estará limitado a un aforo de 35 personas, a pesar de que son 1.564 personas, la mayoría de ellas de procedencia humilde, las que en 1993 perdieron parte de sus ahorros, cuando la entidad presentó suspensión de pagos y después declaró la quiebra.
Diez directivos, incluyendo los tres máximos responsables, se sentarán en el banquillo para responder por presuntos delitos de quiebra fraudulenta, apropiación indebida y societario, por los que el fiscal y los afectados piden hasta 180 años de cárcel.
El fiscal jefe provincial, José Antonio Romero, pide seis años de cárcel y una multa de 360.000 euros para cada uno de los cinco imputados: el director de la caja, la subdirectora, el responsable de la sucursal y dos miembros del consejo rector. Además, solicita que indemnicen a la masa de acreedores de la entidad en la cantidad de 2,6 millones de euros, ya que de los 3,7 millones de morosidad de la caja, 1,1 millones fueron recuperados por la Administración de Quiebra. Las acusaciones particulares que representan a los ahorradores, suman la imputación a cinco personas más.
Los abogados defensores han solicitado la libre absolución de todos los acusados.
La Caja de Crédito de Alcoy, constituida en 1987, fue objeto de un expediente sancionador por parte del Banco de España en 1989 que supuso para su director, Jesús Llopis, la inhabilitación durante cinco años, aunque siguió en el cargo por los recursos presentados. En 1993 la entidad formuló una solicitud de suspensión de pagos durante cuya tramitación se dictó un auto que declaraba la caja en estado de insolvencia definitiva por ser su activo inferior a su pasivo en más de 745.000 euros. En abril de 1995 se sobreseyó este expediente y al mes siguiente se declaró la quiebra que, tres años después, fue calificada en una sentencia como fraudulenta.
El fiscal atribuye la bancarrota a la actuación del director general y la subdirectora, a los dos miembros del consejo rector y al director de la oficina.