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os abogados del colectivo de afectados de la Caja de Crédito de Alcoy consideran "suficientes" las pruebas para condenar a la dirección en el juicio por quiebra fraudulenta que comienza la próxima semana, aunque avisan de que la valoración definitiva compete al tribunal, según explicó anoche el letrado Luis Ferrer durante la asamblea del colectivo en el Centro Social de la Zona Norte, que contó con una masiva asistencia de impositores.

Ferrer, a seis días de que comience la vista oral tras 14 años de espera, explicó que "a nosotros y al fiscal nos compete demostrar la culpabilidad del consejo rector y la dirección y creemos que a lo largo de la instrucción se ha podido demostrar la posible conducta reprochable. Pensamos que hay elementos de prueba suficientes para que el juicio se desarrolle sin imprevistos ni inconvenientes, si todo es normal". El letrado insistió en este punto, indicando que "nos basamos en pruebas muy directas" que entiende permitirán condenas, pero matiza que esto "lo han de valorar los jueces".

Además, recuerda que existen dos resoluciones civiles, no vinculantes, "donde se ha demostrado una conducta un tanto extraña", en referencia a los fallos de un juzgado de Alcoy y la Audiencia que decretaron la quiebra como "fraudulenta".

De cualquier manera, el abogado señaló que "no anticipamos resultados porque todo depende del tribunal, y hay que demostrarlo en el juicio", a la vez que recordó que la tramitación de este asunto "se ha dilatado mucho en el tiempo". Mientras el fiscal acusa sólo a la dirección y por un único delito -para los que pide 30 años de prisión-, los afectados lo hacen por tres, reclamando 18 años para cada uno de los procesados.

Por su parte, Enrique Rodes, presidente del colectivo, explicó que la limitación del aforo por la Audiencia a 35 personas "no nos molesta; entrarán los que puedan y el resto permanecerá en la calle". Además, la sesión sirvió para preparar el desplazamiento a Alicante en autobuses. Rodes indicó que se está a la espera de que el alcalde confirme una subvención de 2.000 euros, porque de lo contrario "sería tercermundista que cada uno tuviera que poner cuatro o cinco euros, cuando hay ayudas para todo".