Los afectados de la Caja de Alcoy acusan a los directivos de intentar dilatar el juicio

M. VILAPLANA L
os afectados por la crisis de la Caja de Crédito de Alcoy consideran que los abogados de los antiguos directivos están llamando a declarar en calidad de testigos a numerosos integrantes del colectivo con la intención de dilatar el juicio y generar confusión. Hasta el momento han recibido alrededor de 50 citaciones para una vista que empezará en la Audiencia de Alicante el próximo día 22 de este mes. En principio están previstas un total de 14 sesiones, que se prolongarán hasta el 14 de febrero.
A dos semanas del inicio del juicio, los afectados están trabajando con sus abogados de cara a la preparación del juicio. En este contexto, han mostrado su sorpresa por las numerosas citaciones que se están realizando a petición de la defensa de los antiguos directivos de la entidad de ahorro.
Aunque desconocen con exactitud el número de personas que han sido llamadas a declarar, el presidente del colectivo, Enrique Rodes, señalaba que al menos son unas 50. "Me imagino -destacó- que habrán aplicado un procedimiento aleatorio".
Por su parte, la secretaria de la comisión de afectados, Cati López, consideraba que el número es excesivo. Además, manifestaba que "están llamando a afectados, en muchos casos de edad avanzada, que lo único que pueden decir es que se quedaron sin sus ahorros".
Este es el motivo por el que el colectivo considera que detrás de estas citaciones se esconde la intención de la defensa de "dilatar el proceso o generar confusión. De momento, lo único que están consiguiendo es crear inquietud entre los afectados, insisto que muchos de ellos gente mayor".
Cabe reseñar, en este sentido, que pese a que los afectados por la crisis de la Caja de Crédito de Alcoy fueron cerca de 700, son alrededor de 300 los que decidieron recurrir a los tribunales por la vía penal. "Si les diese por llamar a declarar a todos -señaló Cati López-, es evidente que el proceso podría eternizarse".

Penas
Tal y como avanzó este diario, los afectados reclamarán 216 años de prisión para todos los antiguos directivos, y que además les compensen con 2,6 millones de euros en concepto de indemnizaciones. El fiscal, por su parte, ha solicitado 30 años de prisión para los tres máximos directivos y dos de los miembros del consejo rector.