Los afectados de la Caja de Crédito pedirán penas de cárcel en el juicio

Los afectados de la Caja de Crédito de Alcoy, que suspendió pagos en julio de 1993, exigirán en el juicio que comienza el 22 de enero en la Audiencia que los antiguos directivos sean condenados a penas de prisión.

M. CANDELA El colectivo de afectados por la crisis de la Caja de Crédito de Alcoy, que perdió sus ahorros por la suspensión de pagos de julio de 1993, exigirá durante la vista oral que comienza el próximo día 22 de enero en la Audiencia que los antiguos directivos sean condenados a penas de prisión y que además les compensen con 2,6 millones de euros en indemnizaciones.
Casi 15 años han sido precisos para llegar a la celebración del juicio, en el que se dirimirá si la suspensión de pagos y posterior quiebra -que ya fue catalogada como fraudulenta por la propia Audiencia- fueron como consecuencia de una gestión criminal. De entrada, los tres máximos directivos están acusados de delitos de quiebra fraudulenta y apropiación indebida, mientras que los afectados han ampliado la imputación a los siete miembros del consejo rector. También contemplan un posible delito societario.
El fiscal pide para los tres directivos y dos miembros del consejo rector penas de treinta años de prisión, una cifra que los afectados elevan hasta los 216 e incluye también a todo el anterior equipo directivo. El auto de apertura oral incorporaba a ocho miembros del consejo rector, pero uno falleció hace unos meses.
La sección tercera de la Audiencia ha señalado oficialmente el inicio de la vista para el 22 de enero, con un total de 14 sesiones que se prolongarán hasta el 14 de febrero. El tribunal de este complejo caso, cuyo sumario ocupa más de 50.000 folios, estará presidido por el magistrado José María Merlos.
A dos semanas vista del inicio del juicio, los afectados trabajan con sus abogados de cara a la preparación de la vista y con dos objetivos muy claros: conseguir que los directivos sean condenados a penas de prisión, y que se fijen unas indemnizaciones de 2,6 millones de euros que permitan el resarcimiento completo de las pérdidas sufridas, tras la congelación de los ahorros en 1993. Una subvención de la Generalitat Valenciana y el cobro de las deudas que mantenían morosos han permitido a los afectados recuperar el 40% de los ahorros; en la vista, confían en que se consiga el resto.
No obstante, las fuentes consultadas han significado que en los últimos tiempos se han efectuado consultas ante el registro de la propiedad, lo que ha permitido corroborar que los antiguos directivos apenas cuentan con patrimonio personal. Esta situación puede hacer difícil el cobro de indemnizaciones, en el caso que la dirección sea condenada en la vista oral que empieza el próximo 22 de enero.