El suelo urbanizable previsto en el PGOU supondría una multa anual de 20 millones

M. VILAPLANA E l PSOE denunció ayer que el Ayuntamiento de Alcoy tendría que hacer frente a una multa anual de 20 millones de euros, si finalmente prospera el incremento de suelo urbanizable previsto en el modelo territorial que defiende el gobierno municipal del PP. La portavoz socialista, Patricia Blanquer, dijo que el aumento del 198% vulnera la actual legislación, e implicaría la citada sanción por superar con creces la cuota de sostenibilidad.
El PSOE hizo públicas ayer las once alegaciones que ha presentado al modelo territorial que servirá de base para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU);. Blanquer destacó que el documento prevé un incremento en materia de suelo urbanizable de un 198%, «lo que conllevaría - destacó - un aumento sustancial de las previsiones de ocupación de suelo, muy superior al umbral de sostenibilidad establecido en la normativa vigente».
La portavoz socialista destacó que, según la legislación, el umbral de sostenibilidad sitúa el aumento máximo de los suelos objeto de transformación en un 30% respecto de los ya urbanizados o en curso de urbanización en el momento de aprobación del plan. Si se superan estos umbrales, se aplica una penalización pecuniaria o cuota de sostenibilidad que ha de ser financiada por la administración pública responsable. La citada cuota, en la actualidad, está fijada en seis euros por cada metro cuadrado de suelo que supere el umbral.
Según los cálculos realizados en este sentido por el PSOE, de aprobarse el incremento de suelo urbanizable previsto en el modelo territorial, «el Ayuntamiento de Alcoy - señaló Blanquer - tendría que hacer frente a una multa anual de unos 20 millones de euros, una cifra más que considerable si se tiene en cuenta que el presupuesto municipal ronda los 50 millones».
La portavoz socialista fue especialmente crítica con este asunto, señalando que «para que unos pocos pudieran construir, el conjunto de los alcoyanos deberían hacer frente a una sanción de una magnitud extraordinaria».
Es por ello por lo que piden al gobierno municipal que incorpore el cálculo de sostenibilidad en el modelo, «para adoptar una decisión responsable y transparente de la magnitud del crecimiento urbano».
El PSOE, por otro lado, destaca en sus alegaciones la «inviabilidad» de la propuesta de suelo industrial en la Canal, manifestando en este sentido que vulnera la normativa ambiental en relación a la protección de aguas subterráneas y espacios naturales protegidos.
En el mismo caso, según los socialistas, se encuentran el nuevo suelo urbanizable residencial previsto en la zona del Estepar, así como el residencial turístico del Valle de Polop.
Los socialistas, asimismo, exigen al gobierno municipal la adaptación a la LUV de la terminología empleada en la memoria justificativa del documento para delimitar el marco de derechos y obligaciones de los propietarios de inmuebles, y que defina la viabilidad de los proyectos para evitar inseguridades jurídicas entre los vecinos.
Traslados De igual forma, desde el PSOE se solicita que el documento clarifique cómo se garantizará la conservación de la actividad económica y de los puestos de trabajo de las industrias que han de relocalizarse fuera del casco urbano, para evitar situaciones como las de la Estambrera.