J.LL.A.
E l traslado de los juzgados de Alcoy al nuevo edificio de la plaza de la Mare de Déu puede sufrir un importante retraso, que podría prolongarse no menos de un año. Así se desprende de las afirmaciones realizadas ayer en las Cortes Valencianas por el conseller de Justicia, Fernando de Rosa, que señaló que el cambio de sede no se hará hasta que el nuevo edificio cumpla todas las normativas fijadas para las infraestructuras judiciles y hasta que no haya un consenso entre todos los colectivos implicados. El mandatario autonómco hacía estas afirmaciones en el transcurso de una comparecencia solicitada por el PSPV, que a través de su diputado Amando Vilaplana denunciaba una larga batería de deficiencias en el nuevo inmueble judicial.
Los nuevos juzgados de Alcoy han sido financiados por el Ayuntamiento, que ha rehabilitado un inmueble histórico del casco antiguo. La obra tiene un coste de 1,6 millones de euros, se inició en 2005 y está prácticamente terminada. Desde el gobierno municipal del PP se quería acelerar el traslado desde la actual sede de la plaza de Al Azraq. Sin embargo, tal y como informaba este periódico, a principios de este mes, los diferentes colectivos judiciales coincidían en descartar cambio, alegando que el nuevo imueble presentaba numerosas deficiencias.
Esta postura se vio confirmada ayer durante la intervención del conseller de Justicia. En el transcurso de su comparecencia, el diputado alcoyano Amando Vilaplana puso sobre la mesa una larga serie de deficiencias. En primer lugar, se señala que el nuevo edificio carece de calefacción y de aire acondicionado. Tampoco dispone de un acceso independiente para los detenidos, instalación obligatoria en este tipo de dependencias. Asimismo, la zona no está cubierta por el transporte público y el inmueble no es accesible para los discapacitados. La superficie para archivo se reduce a la mitad de la que se tiene en las actuales dependencias judiciales. Tampoco tiene almacén para pruebas o artículos incautados. Inicialmente, carecía de locales para los fiscales y se ha habilitado una oficina en el sótano, a la que no llega el asensor. Las salas multiusos, en las que se celebrarían los juicios, son muy pequeñas y en ellas apenas sí caben 12 personas.
El diputado Amando Vilaplana denunció mala planificación en esta obra, recordando que el proyecto habia sido redactado por la hija del ex subsecretario de Territorio Ramón Doménech, en lo que su partido considera un claro trato de favor. El dirigente socialista señaló que si las instalaciones resultan insuficientes para los actuales cuatro juzgados, la situación empeorará en el caso de que Alcoy obtenga una quinta sala o el reiteradamente reivindicado juzgado de lo social. Vilaplana recordó que este iniciativa se desarrolló durante la etapa en que Miguel Peralta era conseller de Justicia.