La CE investiga las afecciones de los parques eólicos de El Comtat y la Foia

M. VILAPLANA L a Comisión Europea (CE); ha abierto una investigación sobre la afección que sobre el medio ambiente tendrán los parques eólicos proyectados en El Comtat y la Foia de Castalla. El organismo comunitario, en concreto, ha solicitado información a las autoridades españolas sobre las repercusiones que la iniciativa tendría sobre los Lugares de Interés Comunitario (LICs); de las sierras de Mariola y el Carrascar de la Font Roja, Valls de la Marina, Maigmó y sierras de la Foia de Castalla y Els Aforins.
La iniciativa de la CE responde a una denuncia de la Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat, que resaltaba que 14 de las 15 zonas contempladas en el Plan Eólico Valenciano tienen algún aerogenerador proyectado o construido sobre una zona LIC. En el caso concreto de El Comtat, son cinco los aerogeneradores que quedarían situados dentro del LIC Valls de la Marina, y además, desde la propia coordinadora se denuncia que el proyecto tendría consecuencias negativas sobre otros parajes cercanos con el mismo nivel de protección. La investigación de la CE, por tanto, se centra en todos los LICs situados en el área de influencia de los parques eólicos proyectados, y en el caso de El Comtat y la Foia de Castalla abarcará, aparte de Valls de la Marina, a Mariola, la Font Roja, Maigmó y Els Aforins.
Según la entidad, una aplicación rigurosa de la Directiva Europea de Hábitats impediría colocar los parques dentro de estas zonas. En un comunicado, se añade que la información solicitada por la CE es el primer paso antes de iniciar el correspondiente procedimiento de infracción para después interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
La coordinadora recuerda, asimismo, que las sierras de Alfaro y Almudaina están incluidas dentro del área de amortización de impactos del parque natural de la Marjal Pego-Oliva y dentro del Área de Importancia para las Aves.
De hecho, resalta que las gestiones iniciadas por la CE son el primer paso para una investigación más amplia, que también tendrá en cuenta si se han vulnerado otras directivas europeas como las relativas a hábitats, aves silvestres, marco de aguas o acceso del público a la información.