La constructora de una urbanización inacabada de Alcoy pide 52 millones a los administradores concursales de la promotora

La urbanización fantasma de Serelles en Alcoy sigue coleando en los tribunales. Este miércoles ha arrancado en el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Alicante un juicio por el que la constructora Artemisa, como acreedora, reclama un total de 52 millones de euros a la promotora Luxender, estando demandados 10 de los administradores concursales -casi todos- que ha tenido la inmobiliaria desde 2008, por su responsabilidad patrimonial en la gestión, así como dos compañías de seguros.

El Ayuntamiento de Alcoy aprobó en 2005, gracias a la mayoría absoluta del PP y entre una amplia oposición social, la construcción de 500 viviendas unifamiliares en Serelles, justo a los pies de la Sierra de Mariola. Se trataba de un plan urbanístico que, en posteriores fases, preveía hasta 1.000 casas más.

Los trabajos de urbanización arrancaron de inmediato, iniciándose a continuación la construcción de las primeras viviendas. Sin embargo, la promotora del proyecto, la empresa Luxender, entró en concurso de acreedores en 2008, en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con solo medio centenar de casas terminadas o a medio edificar. Por ello, el Ayuntamiento retiró el aval de 3,7 millones a la firma para asumir los trabajos de urbanización pendientes, consistentes en el puente de Serelles, cuya construcción precisamente el Ayuntamiento ha iniciado este año el proceso de licitación. Solo unas pocas viviendas están terminadas y habitadas en la actualidad.

La vista tenía que empezar a las 9.30 horas, pero por cuestiones previas planteadas por demandante y demandados, así como problemas técnicos con la grabación de la sesión -se ha interrumpido dos veces-, el inicio de la declaración del primer administrador, Desiderio Soler, se ha retrasado hasta pasadas las 13.00 horas, finalizando la misma poco antes de las 17.00 horas. El juicio se celebra en el salón de actos, debido a la gran cantidad de demandados, y proseguirá la próxima semana, estando previsto que tengan lugar aún al menos seis sesiones más.

Las cuestiones previas se han centrado en la reclamación del abogado de Artemisa de que formara parte del proceso toda la documentación del concurso de acreedores. Y además alertaba de que falta un documento que ya había sido reclamado en la audiencia previa de hace un año, sobre los pagos en la primera fase del concurso. Pero ambas reclamaciones no han sido atendidas, ya que el magistrado ha explicado que son 55 tomos y más de 20.000 folios lo que conforman el concurso, y que aunque no formen parte del mismo, se pueden aportar. Y en cuanto a la falta de un documento, ha señalado que tenía que haberse reclamado con anterioridad de nuevo, y no el día que empieza el juicio. Y ha recordado que la parte demandante ha presentado casi 200 documentos como pruebas.

Después, Desiderio Soler ha contestado a las preguntas de la parte demandante y también de los abogados de los demandados, escenificando que las relaciones entre los propios administradores no eran en absoluto buenas, con graves conflictos internos que llegaron a paralizar la administración concursal. Y uno de los temas principales ha sido el reconocimiento de crédito en favor de Artemisa que quedó acreditado en un proceso judicial en la Audiencia Provincial, por valor de 22 millones, que se realizó bajo la administración de Soler, y que contó en su día con la impugnación de los otros dos administradores, que consideraban que la cifra era menor. También se ha abordado los activos que tenía Luxender, como la finca Mas de Vilaplana, que contaba con 20.000 olivos y 19 caballos de pura raza.

Soler ha dado todo tipo de detalles sobre su gestión, que se limitaba al área económica, y también, a preguntas de uno de los abogados defensores, ha señalado que un mismo empresario, Antonio García Sánchez, estaba supuestamente vinculado tanto a Luxender como a Artemisa.

Un concurso plagado de procesos judiciales

El concurso de acreedores de Luxender arrancó en 2008 y ha estado plagado de procesos judiciales, algunos de ellos aún abiertos. El juzgado de lo Mercantil, en el proceso por la calificación del concurso, ya declaró culpable en 2019 a una administradora de la promotora por no ingresar los beneficios obtenidos de la cosecha de aceitunas de la citada finca. Eso sí, el juez desestimó otras cuestiones como irregularidades contables, inexactitudes en los documentos durante la tramitación del procedimiento, alzamiento de bienes, sobrecostes de la obra, salida fraudulenta de bienes, incumplimiento del deber de solicitar el concurso de acreedores o incumplimiento de los deberes de colaboración, y absolvió a otros ocho demandados.

Del mismo modo uno de los administradores, precisamente Desiderio Soler, fue apartado de la administración por una orden judicial, que después fue revocada por la Audiencia Provincial. Y la Audiencia también apartó por falta de imparcialidad al juez de Lo Mercantil que veía una supuesta trama de los administradores para dejar sin patrimonio Luxender, tras pedir el propio magistrado su abstención en el procedimiento. También acabó en los tribunales la incautación del aval para el puente, obteniendo finalmente vía libre el Ayuntamiento de Alcoy. Y hay al menos otro proceso judicial abierto en Madrid, al margen del juicio iniciado este miércoles en Alicante.