El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha dado luz verde a la propuesta consensuada por el Ayuntamiento de Alcoy y el grupo ecologista La Carrasca para la reforma de la Rosaleda. El visto bueno permitirá cumplir con la sentencia de 2005 que obligaba a restituir la zona verde y situar la plaza a la misma rasante que las plazas circundantes, en una actuación que tendrá un coste cercano a un millón y medio de euros. El tribunal también ha rechazado la alegación planteada por la concesionaria del aparcamiento subterráneo, al considerar que trata de dilatar la ejecución del fallo judicial.
Tal y como se ha venido informando, el TSJ emitía en octubre de 2005 una sentencia que consideraba ilegal el proyecto ejecutado por el anterior gobierno municipal del PP, que remodeló por completo la Rosaleda para la construcción de un parking subteráneo. El fallo se basaba en un incumplimiento de la normativa de zonas verdes. Según se recuerda ahora desde el gobierno municipal socialista, la propuesta de adjudicación de la obra fue firmada por el actual portavoz del PP y entonces concejal de Obras y Contratación, Rafa Miró.
Fueron la Colla Ecologista La Carrasca y un grupo de vecinos quienes interpusieron un contencioso administrativo contra esta actuación. La sentencia emitida por el TSJ les dio la razón, siendo ratificada posteriormente por el Supremo y el Constitucional.
El Ayuntamiento planteó diferentes propuestas de reforma de la plaza que, una tras otra, fueron desestimadas por el propio tribunal al considerar que no se ajustaban al contenido de la sentencia. Ha sido ahora, cuando se ha llegado a un consenso sobre el contenido con La Carrasca, cuando finalmente se ha otorgado el visto bueno.
Se trata, en concreto, de un anteproyecto del arquitecto Ciro Pascual a través del cual se restaurará la zona verde y se situará toda la plaza a la rasante de las calles circundantes sin perder ni una sola plaza de aparcamiento. La valoración de las obras se sitúa alrededor de un millón y medio de euros.
El tribunal, asimismo, ha desautorizado la alegación de la UTE formada por Enrique Ortiz y Autobuses Playa San Juan, concesionaria del parking subterráneo, porque según los jueces «trata de dilatar torticeramente la ejecución del fallo judicial (...) pretendiendo prolongar la actual situación de hecho». También considera que la UTE no está legitimada para cuestionar el proyecto de ejecución.
Redacción
Con este pronunciamiento, el Ayuntamiento ya puede continuar el proceso para que la Rosaleda cumpla con la legalidad. Ahora, el gobierno municipal tendrá que licitar la redacción definitiva del proyecto para que esté listo este mismo año y el próximo se puedan licitar las obras.
El alcalde, Antonio Francés, ha valorado de forma positiva la decisión judicial. Según sus palabras, «el acuerdo histórico que conseguimos entre el Ayuntamiento y la Carrasca para presentar una memoria consensuada nos permite, por un lado, cumplir con la legalidad, un hecho al que no puede abstraerse un Ayuntamiento. Y por otro, solucionamos de una vez por todas otro de los desastrosos proyectos del Partido Popular».
Francés abunda en este tema, para manifestar asimismo que «son ya siete años de intenso trabajo solucionando los graves problemas judiciales que el PP dejó a todos los alcoyanos, afectando gravemente a las arcas municipales e hipotecando el futuro de esta ciudad. Por suerte, poco a poco, estamos dando respuesta a todos ellos».
