El administrador concursal José Luis Ramos Fortea ha negado el presunto fraude que le atribuye un juez de lo Mercantil en el concurso de acreedores de la promotora inmobiliaria Luxender, SA, según el comunicado que él mismo ha remitido hoy a los medios de comunicación.
Ramos Fortea ha presentado una recurso de reposición contra la providencia dictada por el titular del juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante, Salvador Calero, por la que éste acuerda remitir el caso a la Fiscalía para abrir una investigación penal.
El juez aprecia la posible comisión de hasta seis delitos por parte de este profesional, otros dos administradores concursales -Desiderio Soler y Abraham García Gascón-, el perito Pablo García Llorens y los administradores de diferentes empresas.
Considera que existen indicios que apuntan a la existencia de una trama para dejar sin patrimonio a la sociedad en perjuicio de sus acreedores que pudo incurrir en prevaricación, falsedad documental, alzamiento de bienes, insolvencia punible, delito fiscal y estafa.
Ramos ya fue apartado de su cargo en Luxender, SA en 2013 por las supuestas irregularidades en su gestión e inhabilitado tres años después para ejercer esas funciones en cualquier otra sociedad durante doce meses.
Según el magistrado, él y los otros dos administradores concursales de la empresa reconocieron en su día una deuda preferente a favor de otra constructora, Edificaciones Artemisa Granatensis, SL, de casi 24 millones de euros cuando en realidad era de 3,8 millones.
Esa otra mercantil "pertenece o está estrechamente vinculada" a Antonio García Sánchez (dueño de Luxender, SA a través de su cargo de administrador en otra mercantil, Desarrollos Empresariales Alnofrey SL), según el juez.
La providencia judicial, hecha pública el pasado lunes, refleja que los implicados presuntamente pretendían terminar unas urbanizaciones en un paraje de gran valor natural en Alcoi "sin abonar una parte muy importante de las obras realizadas por terceros y sin pagar a Hacienda" los impuestos correspondientes.
Por el contrario, Ramos Fortea califica esos hechos de "falsos" y reclama en su recurso al magistrado que los "rectifique" y anule la resolución.
El administrador concursal sostiene que el "grado de conocimiento de lo acontecido" que tiene Calero está "muy alejado de la realidad" y se basa en "elementos tergiversados" y "hechos subjetivos e inciertos".
En su opinión, la providencia vulnera su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a ser examinado por un juez "predeterminado por la Ley" y constituye "un escrito de acusación penal", en lugar de una "puesta en conocimiento de hechos objetivos" a la Fiscalía.
El administrador concursal asegura también que el juez está "contaminado" en esta causa y no debería haber seguido dictando resoluciones al ser "objeto de recusación", entre otros argumentos.
