Un juez de lo Mercantil de Alicante ha instado la apertura de una investigación penal contra tres administradores concursales y un perito de la promotora Luxender SA, promotora de la urbanización de Serelles en Alcoy, al entender que pudieron cometer hasta seis delitos.
El magistrado Salvador Calero justifica esta decisión en una providencia hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV), en la que aprecia una supuesta trama para dejar sin patrimonio a la mercantil en perjuicio de sus acreedores.
El titular del Juzgado de lo Mercantil 2 cree que se han podido cometer los delitos de prevaricación, falsedad documental, alzamiento de bienes e insolvencia punible, así como de estafa y contra la Hacienda Pública, ambos en grado de tentativa.
Los antiguos administradores concursales implicados en estos hechos son Desiderio Soler, Abraham García Gascón y José Luis Ramos Fortea, mientras que el perito, que solo es sospechoso de falsedad documental, es Pablo García Llorens.
El juez recuerda que el concurso de Luxender lleva ya diez años en trámite y está «lejos aún de su conclusión», aunque son ya «evidentes» los indicios que apuntan a una «actuación fraudulenta concertada».
De hecho, dos de los antiguos administradores concursales, García y Ramos, fueron apartados de sus cargos en septiembre de 2013 por supuestas irregularidades en su gestión. Ya en 2016, el propio magistrado Valero inhabilitó a ambos durante doce meses y acordó derivar el caso al ámbito penal por supuesta prevaricación y alzamiento de bienes.
Además, un juzgado de Alcoy investiga a los antiguos administradores concursales por repartirse presuntamente con otras personas un cheque que debería haber repercutido en los acreedores.
Ramos, Soler y García reconocieron también en su día una deuda preferente a favor de otra constructora, Edificaciones Artemisa Granatensis SL, por un importe cercano a los 24 millones de euros, cuando ésta en realidad era de 3,8 millones.
Esa mercantil «pertenece o está estrechamente vinculada» a Antonio García Sánchez (dueño de Luxender SA a través de su cargo de administrador en otra mercantil, Desarrollos Empresariales Alnofrey SL), según el juez.
El magistrado Calero ha ampliado ahora estas acusaciones para ponerlas en conocimiento de la fiscalía, tras concluir que se halla ante «una operación de extraordinaria complejidad» y a la vez «ciertamente ingeniosa».
Según su versión, los implicados pretendían terminar unas urbanizaciones de coste millonario «en un paraje de gran valor natural en Alcoy sin abonar una parte muy importante de las obras realizadas por terceros y sin pagar a Hacienda una parte también muy importante de las facturas que se devengarían».
«Un porcentaje muy alto de la obra millonaria de numerosas viviendas se construiría a coste cero para Luxender SA y las empresas de Antonio García Sánchez y sin pagar impuestos», precisa en la providencia.
El magistrado incluye las hipotéticas deficiencias denunciadas por la antigua administración concursal en la ejecución de trabajos de jardinería, asfaltado, alumbrado o conducciones por parte de diferentes empresas. «Con unas pocas fotos se pretendía justificar defectos masivos y generalizados de cientos de miles e, incluso, millones de euros», señala el juez, en perjuicio de pequeños empresarios, en su mayoría de Alcoy.
Cabe recordar que las obras de construcción de la urbanización de Serelles, en las faldas del parque natural de la Sierra de Mariola, quedaron paralizadas con la irrupoción de la crisis del ladrillo. El Ayuntamiento tramita en estos momentos la finalización de los trabajos en materia de infraestructuras. Este es el caso de un puente que servirá de acceso a la zona residencial desde la zona de la Salle, así como de un depósito. También se tienen que devolver varios barrancos a su estado original.
