El Ayuntamiento de Alcoy tiene previsto plantear una moratoria en la imposición de sanciones por el ADN canino. La intención municipal, tras las conversaciones mantenidas entre los grupos políticos y la Asociación en Defesa de los Animales, es la de dejar en suspenso la medida a la espera de conocer los resultados de una serie de campañas informativas que se van a llevar a cabo los próximos meses para intentar terminar con el problema de los excrementos en las calles.
La nueva ordenanza de tenencia de animales contempla la obligatoriedad para todos los dueños de perros de realizar una prueba de ADN a sus mascotas, en una iniciativa que busca evitar la presencia de excrementos en la vía pública. El plazo para practicar las citadas pruebas finaliza el próximo 1 de junio.
La medida, tal y como se ha venido informando, había suscitado un fuerte rechazo entre los propietarios, como se ha puesto de manifiesto en varias protestas llevadas a cabo en el salón de plenios del Ayuntamiento y la constitución de la Asociación Alcoy en Defensa de los Animales.
Con estos antecedentes, en las últimas semanas se han venido manteniendo una serie de reuniones entre la citada asociación y el concejal Jordi Martínez, y también entre diferentes grupos políticos municipales. El resultado de estos contactos es la voluntad de llegar a un acuerdo de consenso.
El portavoz de Compromís, Màrius Ivorra, informaba ayer que en las conversaciones han participado tanto ellos como Ciudadanos y el propio gobierno municipal del PSOE, y que los puntos de consenso pasan por «la puesta en marcha de unas campañas de información, potentes y dilatadas en el tiempo, un informe exhaustivo que nos indique la realidad de la presencia de excrementos por la vía pública que sea el punto de partida para las siguientes revisiones y controles, y sobre todo la paralización de la obligatoriedad de las pruebas de ADN, evitando de esta forma las sanciones, durate el período que se considere en la próxima reunión del Observatorio de Bienestar Animal».
Documento de consenso
Será esta misma semana cuando se celebre este encuentro, y según Ivorra, aprovechando que allí están representadas las asociaciones animalistas, cívicas y grupos políticos, «el concejal Jordi Martínez presentará un documento de consenso que proponga una moratoria en la aplicación de los puntos más controvertidos de la oprdenanza, e incorporará otras alternativas para poder identificar a los incívicos».
Según las averiguaciones realizadas por este diario, el gobierno municipal tiene previsto mantener en vigor la ordenanza, si bien sí está por la labor de aplicar una moratoria, que podría oscilar entre un año o año y medio, en la aplicación de sanciones. Todo ello a la espera de los resultados que puedan ofrecer las campañas informativas y de concienciación que se van a poner en marcha, y que también persiguen completar el censo de perros en la ciudad.
