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Alcoy

La Audiencia pide que se amplíen los sobrecostes del Calderón a 1,2 millones

El tribunal rechaza el recurso del director de las obras y avala la decisión del juzgado de cuantificar en esta cantidad el desfase

Enrique Ortiz en su comparecencia en el juzgado en marzo del año pasado. juani ruz

La Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado la decisión del Juzgado número 2 de Alcoy de ampliar a 1,2 millones de euros el presunto fraude de la reforma del Teatro Calderón. El tribunal ha rechazado el recurso planteado por el director de las obras ejecutadas en su día por el contratista Enrique Ortiz, y avala que prosigan las diligencias por esta cantidad.

Tal y como se ha venido informando, el Ayuntamiento de Alcoy se querelló contra el contratista Enrique Ortiz y el director de las obras por los sobrecostes detectados en las obras de remodelación del Teatro Calderón. El proceso judicial en este sentido se inició por un importe de 164.000 euros. Sin embargo, el propio Consistorio, basándose en una serie de informes y la declaración de los peritos, solicitó posteriormente la ampliación de esta cantidad hasta 1,2 millones de euros en concepto de obras no ejecutadas, cobradas dos veces o costes por encima de mercado.

Ahora la Audiencia ha venido a dar la razón al Ayuntamiento, al considerar que esta ampliación del importe aceptada por el juzgado está justificada, y autoriza que se siga instruyendo por esta cantidad el presunto fraude a las arcas públicas.

El caso, por tanto, retornará al Juzgado número 2 de Alcoy para que prosiga con las investigaciones y el procedimiento que quedó detenido a la espera de la resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso.

El alcalde, Antonio Francés, mostraba ayer su satisfacción por el fallo de la Audiencia, al tiempo que expresaba su deseo de que «a partir de aquí se confirmen las imputaciones y se pueda abrir el juicio».

Las desavenencias entre Ortiz y el Ayuntamiento de Alcoy están siendo en los últimos tiempos una constante. Sin ir más lejos, recientemente el Tribunal Supremo emitía una sentencia obligando al contratista a devolver a las arcas municipales 1,5 millones que había cobrado por la rescisión del contrato del bulevar.

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