El litigio entre el Ayuntamiento de Alcoy y Enrique Ortiz por el proyecto del bulevar ya tiene sentencia firme y es a favor de los intereses municipales. El Tribunal Supremo ha fallado que el constructor deberá devolver 1.588.779 euros al Consistorio, que es el dinero que se le había abonado por la rescisión del contrato más intereses. Con esta resolución se pone fin a un proceso judicial iniciado hace siete años.
El bulevar no le costará dinero a los alcoyanos. El Supremo ha confirmado que el contrato se rescindió por causas imputables a la empresa constructora, que presentó un proyecto con deficiencias, por lo que Ortiz tendrá que devolver al Ayuntamiento más de un millón y medio de euros, además de intereses.
Tal y como se ha venido informando, con el cambio de gobierno en 2011, el ejecutivo encabezado por Antonio Francés inició un proceso para anular el contrato para la construcción del bulevar por parte del constructor Enrique Ortiz, que tenía un coste total de 27 millones de euros.
El proyecto en cuestión había sido aprobado antes de las elecciones con el único voto favorable del PP y con informes técnicos en contra. La iniciativa, que había sido también muy contestada por la ciudadanía, tenía según el nuevo gobierno municipal graves deficiencias técnicas y suponía un negocio calificado de ruinoso para el Ayuntamiento en plena crisis económica.
La decisión de rescindir el contrato fue recurrida por Ortiz y los tribunales le dieron la razón en primera instancia en 2015, condenando al Ayuntamiento a pagarle 4,2 millones de euros en concepto de compensaciones por los gastos, que incluían el aval que el Consistorio había incautado, el lucro cesante y los intereses.
Esta sentencia fue posteriormente anulada, en 2017, cuando las arcas municipales ya habían abonado a Ortiz más de un millón más el aval de 500.000 euros.
Ante este fallo, el constructor volvió a presentar un recurso de casación ante el Supremo, tribunal que no lo ha admitido a trámite, por lo que la sentencia ya es firme y Ortiz tendrá que abonar al Ayuntamiento un total de 1.588.779 euros. Finalmente, según se destacaba ayer desde el ejecutivo local, la justicia ha dado la razón al Consistorio, argumentando que el contrato se rescindió por causas imputables a la empresa constructora al presentar un proyecto con deficiencias que no se podía ejecutar.
La valoración por parte del gobierno municipal ha sido muy positiva, sobre la base de que la recisión del contrato no le costará nada finalmente a las arcas municipales. Tras el final de este largo proceso judicial iniciado en 2011 el gobierno municipal se ha puesto a trabajar ahora en el diseño de un nuevo bulevar que, en cualquier caso, será muy diferente al que se proyecto en época del PP. En este caso se pretende que no tenga tanta capacidad para el tráfico, y que los peatones tengan un mayor protagonismo.
