07 de diciembre de 2017
07.12.2017

Dos años de cárcel para un funcionario de Cocentaina por malversación de 60.500 euros

El acusado, que ejercía como auxiliar de tesorería entre 2009 y 2015, se apoderó de dicho dinero tras "manipular la contabilidad"

07.12.2017 | 18:53

Un funcionario de Cocentaina ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de malversación, al haberse apropiado de 60.500 euros de las arcas municipales.

Así se establece en la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que valida un acuerdo previo de la fiscalía, la acusación particular y la defensa.

Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2015, cuando el acusado, Enrique C.F., funcionario de carrera del Ayuntamiento de Cocentaina, que ejercía como auxiliar de tesorería, se apoderó de dicho dinero tras "manipular la contabilidad".

Concretamente, simuló ingresos desde la caja de recaudación municipal a una cuenta bancaria y simultáneamente registró devoluciones ficticias de garantías depositadas en metálico por concesión de licencias de obras.

El desfalco fue descubierto y el consistorio abrió un expediente disciplinario al acusado el 21 de octubre de 2015, según se relata en la resolución judicial.

Enrique C.F. ha reconocido el fraude y ha devuelto ya a las arcas públicas la totalidad del dinero sustraído, así como otros 5.095 euros en concepto de intereses.

El caso debía juzgarse ante un jurado popular en la Audiencia de Alicante, pero el acuerdo al que han llegado previamente la fiscalía, la acusación particular -que ejerce el Ayuntamiento de Cocentaina- y el propio procesado ha evitado su celebración.

La sentencia, firmada por la magistrada Ana Hoyos y fechada el pasado 27 de noviembre, declara a Enrique C.F. autor de un delito continuado de malversación, pero aprecia en su conducta dos atenuantes: confesión y reparación del daño.

Además de los dos años de prisión, el funcionario ha sido condenado a tres años y nueve meses de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo público.

Sin embargo, no deberá ingresar en la cárcel después de que la magistrada de la Audiencia haya acordado suspender la ejecución de la pena durante tres años, a condición de que no vuelva a delinquir en ese periodo.

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