El exgerente del polideportivo de Ibi, que fue grabado en el despacho de la piscina mientras se metía fajos de billetes en los pantalones, ha devuelto 130.000 euros a cambio de evitar la cárcel. Las partes han alcanzado un acuerdo para rebajar la pena de prisión de ocho a dos años. Lo que sí tendrá que cumplir son nueve años de inhabilitación para ostentar cargos públicos o ejercer de funcionario.
Como se ha venido informando, la fiscalía había solicitado provisionalmente una pena de ocho años de cárcel para el exgerente del polideportivo municipal de Ibi por los delitos de malversación y falsedad documental que presuntamente había cometido para apoderarse de dinero público.
Fue nombrado para el cargo al frente del polideportivo el 1de diciembre de 2008. Ya en julio de 2011, falsificó presuntamente una factura para simular que una empresa había realizado unos trabajos y suministrado material al polideportivo. Seis días después el Ayuntamiento pagó 47.000 euros a esa mercantil, pero el acusado se puso en contacto con el responsable de la misma para advertirle que se trataba de un error y le pidió que devolviera la cantidad a una cuenta bancaria que resultó ser de la hija del entonces gerente.
Asimismo, entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011 accedió en diversas ocasiones a la caja fuerte del despacho de la piscina, de donde según la fiscalía se apropió de 67.524 euros. El procesado fue grabado por una cámara de vídeo mientras se metía el dinero en los pantalones.
Por último, la acusación pública sostenía que el 21 de octubre recibió de los representantes de una entidad de fútbol sala un cheque de 7.339 euros para cubrir un seguro de accidentes, el cual ingresó en una cuenta de su titularidad.
Ahora, y con el objetivo de evitar la cárcel, el exgerente ha depositado en el juzgado 130.000 euros. Según confirmó ayer a este diario su abogado, Francisco Moreno, 7.000 euros ya habían sido adelantados, a los que se han unido recientemente otros 122.000.
A falta de la ratificación por parte del juzgado, el Ayuntamiento, que ejercía como acusación particular, y la representación legal del acusado, han alzanzado un acuerdo puesto sobre la mesa por el propio ministerio fiscal, por medio del cual se rebaja la petición de pena de ocho a dos años, con lo que eludiría la prisión. Lo que sí tendría que cumplir son nueve años de inhabilitación para cargo público y ejercer de funcionario.
La concejal Sara Díaz manifestaba que «este tipo de acuerdos son normales cuando no hay antecedentes penales y se repara el daño causado. A nosotros lo que nos interesaba, como representantes municipales, era recuperar el dinero sustraído, y eso ya se ha conseguido».
El acuerdo fue comunicado a los grupos políticos ibenses en el transcurso de una comisión municipal, y según ha podido saber este diario, tanto EU como Ciudadanos mostraron su disconformidad. El PSOE, por su parte, ha solicitado que se estudie la posibilidad de recuperar las remuneraciones que el exgerente continuó cobrando del Ayuntamiento cuando fue apartado de su empleo.
El juicio por medio de un jurado popular se tendría que hacer celebrado este mes.
