La Unión Nacional de Entidades Festeras (UNDEF) confía en no tener que llegar a las movilizaciones para que el Gobierno modifique la nueva normativa de la pólvora. Así lo expresó ayer la presidenta de la entidad, Pepa Prats, en una reunión en Cocentaina a la que asistieron presidentes festeros de 25 municipios, y en la que entregaron un manifiesto al diputado Óscar Gamazo solicitando la modificación del citado reglamento. Y es que, aseguran, cuestiones como la obligatoriedad de trasvasar la pólvora a las cantimploras en el mismo lugar del reparto generarán situaciones de alto riesgo.
Tal y como avanzó este diario, la sede de la UNDEF en Cocentaina acogió ayer un encuentro de representantes de la entidad y presidentes de juntas festeras de 25 municipios con el diputado nacional Óscar Gamazo. En la reunión, los asistentes le hicieron entrega de un escrito, dirigido al subdirector general de Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en el que se enumeran los apartados del nuevo reglamento de explosivos que en opinión del mundo de la fiesta tendrían que ser modificados.
En el documento, tras expresar el reconocimiento a la iniciativa de elaborar una normativa «que puede proporcionar un marco legal seguro y fiable a nuestros actos de disparo», se añade sin embargo que la «intranquilidad, lejos de desaparecer, se ha acrecentado drásticamente luego de leído el texto en cuestión».
Esta opinión es la resultante de la obligatoriedad de trasvasar la pólvora de los recipientes originales a las cantimploras como parte del proceso de distribución de la misma. En opinión de los representantes festeros, el procedimiento arbitrado «generará por fuerza situaciones de alto riesgo, por cuanto la cantidad de polvora a repartir -entre los varios centenares de kilogramos de buena parte de las poblaciones y los cerca de dos millares de kilogramos de algunas con más tradición de disparo-, obligará a que un número importante de personas se encuentre manipulando grandes cantidades de pólvora -parte de ella en suspensión- durante largos períodos de tiempo y en un espacio cerrado. La práctica y el sentido común alertan sobre la extrema peligrosidad de semejante escenario».
También piden cambios en el período máximo que se señala a los participantes para almacenar la pólvora distribuida, lo que obliga a realizar un segundo reparto en cierto número de poblaciones. Además de los propblemas de operatividad, alertan de que la medida conlleva «un aumento sustancial del precio de la pólvora». Respecto al almacenamiento del explosivo no trasvasado y no entregado a los participantes, hacen referencia a las dudas en torno a la capacidad de numerosas poblaciones para dotarse de depósitos en las condiciones exigidas.
La presidenta de la UNDEF, Pepa Prats, destacó el descenso de la participación registrada en los alardos tras la aprobación de la normativa, y el peligro real que corren estos actos. «Esperamos -dijo- que nuestras solicitudes sean atendidas, porque no queremos sacar las pancartas. Desde luego, estamos decididos a lo que haga falta para mantener la tradición del disparo».
Óscar Gamazo se comprometió a trasladar el escrito al subdirector de Minas y a promover una reunión con representantes de la UNDEF, «para que se valoren sus peticiones, siempre compatibilizándolas con la seguridad».
