El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha ratificado la sentencia que exime al Ayuntamiento de Ibi del pago de 1,3 millones de euros por la anulación del proyecto urbanístico de la Finca Barberà. El proyecto que preveía la construcción de 350 chalets y adosados, fue desestimado por el consistorio debido a las presiones medioambientales y protestas de los grupos de la oposición. La empresa Viviendas Jardín, que tenía una gran expectativa de negocio, solicitaba al consistorio ibense una gran cuantía económica en concepto de daños y perjuicios.
El PP paralizaba el proyecto en 2008, en medio de presiones políticas y ecologistas, revocando los acuerdos previos.
El proceso judicial se iniciaba en mayo de 2012 cuando, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ya rechazaba las pretensiones de la empresa, que solicitaba la adjudicación del proyecto por silencio administrativo. El fallo fue ratificado en marzo de 2015 por el Supremo, momento en el que la propuesta quedaba enterrada
Ahora la empresa solicitaba una indemnización de 1,3 millones de euros por responsabilidad patrimonial contractual, lo que también ha rechazado el TSJ.
El edil de Urbanismo, Santi Cózar, se mostraba contento por la ratificación de la sentencia y afirmaba que, aunque es un proceso urbanístico anterior a su puesto en la concejalía, «este tipo de noticias siempre son beneficiosas para el consistorio y en consecuencia para el pueblo ibense».
EU solicitó en su momento la recalificación de la zona en la que se pretendía construir la urbanización y encaminar el PGOU hacia la sostenibilidad. Desde el área de Urbanismo, sin embargo, afirman que hasta el momento no se ha realizado la recalificación y los terrenos siguen con la misma denominación que al inicio.
